La posibilidad de que Cristina Kirchner y La Cámpora se lancen a colonizar las embajadas con un alto número de funcionarios afínes, generó mucha preocupación en la Cancillería y la oposición.

Se trata de una serie de representaciones, que en algunos casos permanecieron varios años sin ser cubiertas como el caso de Suecia, Republica Checa (donde ayer fue designado Alejandro Poffo, jefe de gabinete de Héctor Timerman), Hungría, Dinamarca, Grecia (donde iría la Subsecretaría de Política Exterior, Carolina Pérez Colman), Irlanda, Túnez.

En otros casos reemplazaran a los actuales Embajadores, como por ejemplo Sudáfrica (donde iría Roberto Salafia), Unión Europea (suena Pablo Grispun), Portugal (Juan Valle) Australia, Nueva Zelanda, República Dominicana, Panamá, Costa Rica (Federico Villegas), Cuba (Javier Figueroa), Paquistán, Turquía, Ucrania, Marruecos, y el Consulado General y Centro de Promoción en Los Ángeles, entre otros destinos.

El reparo de cubrir estas sedes reside en una cuestión básica de razonabilidad: designar embajadores en todas esas Representaciones no resulta una conducta habitual a pocos días de que asuma un nuevo gobierno y obedece a la intención de condicionar al próximo, dejándole una red de Embajadas a cargo de funcionarios que responden a la actual administración. A esas embajadas se les sumarían las actuales Jefaturas de Misión ya ocupadas por diplomáticos que ocuparon cargos de confianza en los últimos años, como las de Francia, Rusia, Brasil, Ecuador, Angola, FAO, Milán, Alemania, Austria, Aladi, Mercosur, Ginebra, Berna, Nigeria, consulado en Nueva York, consulado en Atlanta, Vietnam, entre muchos otros.

Si bien estas designaciones no son contrarias a la ley, la práctica indica que no es aconsejable nombrar representantes diplomáticos que asumirán cuando el presidente que los nombró ya no esté en la Rosada. En el ámbito diplomático entienden que estos Embajadores carecerían de la “legitimidad” necesaria para representar al próximo gobierno.

Adicionalmente, estas designaciones tendrían un fuerte impacto presupuestario, al que habría que agregar los puestos diplomáticos que son ocupados por embajadores políticos que deberán regresar al país antes del 10 de diciembre, fecha en la que cesarán en sus funciones porque termina el mandato de quien los designó.