El Frente de Todos avaló este jueves los pedidos de juicio político contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, mientras que la Coalición Cívica reivindicó su presentación contra Ricardo Lorenzetti. 

El jueves 9 la mayoría oficialista que domina la comisión aprobará la admisibilidad de las acusaciones para iniciar un proceso de acumulación de pruebas y declaración de testigos. Estiman que puede durar varios meses. 

La coalición cívica quiere avalar sus acusaciones contra Lorenzetti, pero para el oficialismo sólo se permite una resolución por los cuatro miembros de la Corre y en tal caso al final del proceso se pueden firmar varios dictámenes. 

El jefe de los lilitos Juan López hizo una queja y su colega oficialista Germán Martínez le prometió una reunión de asesores para buscar una salida reglamentaria. No será fácil.

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La reunión tuvo como principales protagonistas a los diputados de la Coalición que se despacharon contra Lorenzetti y a referentes de organizaciones de derechos humanos, como la titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora Nora Cortiñas y la ex desaparecida Patricia Isasa.

Cuestionaron la salida anticipada de represores a partir de fallos de la Corte y las tareas que el ex torturador Eduardo Ramos desempeñó en la Municipalidad de Santa Fe cuando el actual presidente de la Corte Horacio Rosatti era el intendente, entre 1995 y 1999.

La diputada Paula Oliveto fue la encargada de defender el pedido de juicio político contra Lorenzetti que presentó Elisa Carrió en 2017 y reiteran cada dos años. 

Reseñó las causas, detalladas por LPO, que incluyen supuestas irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto de la justicia, soslayando las facultades que tenía el Consejo de la Magistratura para ejercer esa tarea. 

El jueves 9 se votará la admisibilidad de las acusaciones y el oficialismo tiene mayoría para aprobarlas e iniciar el proceso contra los cuatro jueces.  La Coalición Cívica quiere que sólo avance el de Lorenzetti y reclamó una votación separada. 

También lo acusan de irregularidades en la contratación de un software informático, en el manejo de los fondos anticíclicos, de la obra social y de su participación en una mutual que habría vendido cheques a la AFA.

"Lo acusamos de ser responsable de sendas irregularidades administrativas en el manejo de fondos presupuestarios a su cargo y de articular una matriz de negocios dentro de su ámbito de competencia", señaló Oliveto.

Intentó diferenciarse de los diputados del Frente de Todos que incluyen entre las causales de juicio político el "mal desempeño" de los cortesanos en causas como la que le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires 2.95 puntos de la coparticipación.

Juan López de la Coalición Cívica y Carolina Gaillard, del Frente de Todos. Vice y Presidenta de la Comisión de Juicio Político.   

Juan Carlos Casas.

Defendió esa hipótesis el diputado  Eduardo Valdés. Sostuvo que los jueces no cumplieron sus deberes al ignorar a los gobernadores, "cuando agentes naturales del Gobierno federal, según el artículo 128 de la Constitución".

Un diputado radical dijo que la filtración de chat es considerada "una confesión bajo tormento"

Cuestionó además el fallo que modificó la comisión del consejo de la magistratura, al derogar la ley vigente y aplicar una derogada. "Los tres jueces que lo votaron le dieron un golpe de Estado. No hay Corte en el mundo que resucite una ley derogada en el Parlamento. Equivale a la muerte de un ser viviente".

Sobre la salida anticipada de los represores, Valdés sostuvo que los jueces ignoraron los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y hasta la propia jurisprudencia de la Corte. 

Valdes enumeró otras denuncias contra Rosatti. Lo responsabilizó de incumplir deberes de funcionario público al dictar resoluciones que implican modificar el presupuesto nacional, violar la ley de ética pública al fallar sobre cuestiones de fondos judiciales de la que es parte e invadir atribuciones legislativas al involucrarse en la elección de senadores que integran el Consejo de la Magistratura.

También acusó al santafesino de tráfico de influencias por los chats de su director Silvio Robles con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, hallados a través de una filtración que para la justicia es espionaje ilegal y no sirve como prueba.

Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora

LPO / Juan Carlos Casas

Y por "prevaricato" al "beneficiar a una jurisdicción" y "establecer pagos de cumplimiento imposible y no escuchando a los gobernadores de las provincias argentinas".

Otro cargo que le atribuye el oficialismo a los cortesanos es el de desmanejos en la obra social, detallado por las diputadas Mara Brawer y Pablo Carro. El cordobés describió irregularidades contables, 400 juicios por mal desempeño y vacancias en el directorio. "Si esto ocurriera en cualquier obra social, sus directores estarían presos", se indignó.

El Frente de Todos evitó que expongan miembros de la comisión, para no ser acusados de juez y parte. Por eso se bajó de la lista la diputada Vanesa Siley, que tiene una denuncia contra Rosenkrantz por insistir con la aplicación del 2x1 para permitir la salida anticipada de los represores, aún cuando el el Congreso había votado una ley para aclarar que no era aplicable. 

Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, expuso como cofirmante de una denuncia de la Asociación Argentina de Juristas. "Estaremos juntos para impulsar los proyectos que más convengan para llegar al juicio. Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando", reclamó.

Y apuntó a Rosatti por haber tenido de funcionario a un ex represor cuando fue intendente de Santa Fe, entre 1995 y 1999. Se trata de Eduardo Abelardo Ramos quien desempeñó en la Secretaría de Cultura y además de ser represor tuvo una condena por delitos comunes. 

Patricia Isasa fue víctima de sus torturas cuando tenía 16 años, presentó otro pedido de juicio político contra Rosatti y detalló cómo ignoró su reckamlo para que lo echara de la Municipalidad, aun cuando había logrado denunciarlo desde su exilio en España.

LPO Juan Carlos Casas

"Le dije que me torturó y me secuestró a cara descubierta", contó Isasa. No logró que fuera desplazado, pero sí que los diarios de la época tomaran su caso y lo hicieran público. Exhibió los recortes y reclamó avanzar le juicio político. "Nos merecemos gente proba en la Corte. Y la tenemos. La hay. No nos merecemos una persona como Rosatti", cerró Isasa.

Federico Méndez, de la Asociación civil por la eligibilidad de los derechos sociales, denunció una maniobra de Carlos Rosenkranz para que Helena Higton de Nolasco continúe en el cargo después de cumplir 75 años, pese a que un fallo en 2016 lo impedía. 

La estrategia incluyó una no apelación del gobierno de Mauricio Macri y el amparo de la Highton. "El nexo fue el ahora exiliado Fabián Rodríguez Simón, por entonces asesor del presidente. En otra causa judicial se encontraron 59 llamados con Rosenkratz".

Expusieron como particulares Ricardo La Greca, Diego Sánchez y Pablo Llonto, quien reclamó un juicio a Rosatti por suspender la comisión de interpoderes, que permite agilizar los juicios por casos de lesa humanidad.