El gobierno de Joe Biden propuso revertir una regla que niega la residencia permanente a solicitantes que reciben ciertas prestaciones públicas, y que fue una de las medidas emblemáticas de Donald Trump para limitar la inmigración legal.

El gobierno dejó de aplicar los límites impuestos por Trump en marzo, por lo que el anuncio fue más bien una formalidad para proteger la medida de impugnaciones legales. Su publicación en el Registro Federal en los próximos días dará inicio a un periodo de 60 días para comentarios públicos, seguido de una versión final.

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Si bien la propuesta no tiene impacto inmediato, es un paso importante para revertir la versión de Trump de la regla de "carga pública", tal como Biden lo prometió durante su campaña.  

Con esta propuesta regresaremos al entendimiento histórico del término ‘carga pública' y no se penalizará a las personas por elegir el acceso a prestaciones de salud y otros servicios suplementarios del gobierno que están a su disposición

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la regla de Trump "no encajaba con los valores de nuestra nación".

"Con esta propuesta regresaremos al entendimiento histórico del término ‘carga pública' y no se penalizará a las personas por elegir el acceso a prestaciones de salud y otros servicios suplementarios del gobierno que están a su disposición", manifestó Mayorkas en un comunicado.

Las revisiones del gobierno de Biden restauran en gran medida reglas que habían estado en vigor desde 1999, las cuales, entre otras cosas, no toman en cuenta el uso de prestaciones como los vales de despensa, los servicios de salud y los vales de transporte al momento de determinar la elegibilidad en un proceso de residencia legal.

Trump dejó claras sus intenciones durante su primer año de gobierno, pero la medida no entró en vigor sino hasta 2020, principalmente debido a impugnaciones legales y requerimientos procesales. 

Aun así, tuvo "efectos estremecedores" al llevar a las personas a suspender o negarse a recibir prestaciones a los que eran elegibles por miedo a que pudieran afectar sus solicitudes de residencia legal, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). 

Activistas migratorios aplaudieron la medida del gobierno federal, a pesar de que muchos de ellos han tenido una relación distante con la Casa Blanca debido a las reglas que les prohíben a muchos migrantes solicitar asilo en la frontera

Con la regla de Trump, el gobierno le negó las tarjetas de residencia a sólo tres personas, pero sus solicitudes fueron reabiertas y aprobadas posteriormente, indicó el DHS en su propuesta de 291 páginas, lo que demostró el alcance limitado de la medida.

Los temores que desató fueron el mayor impacto, haciendo que las personas no quisieran solicitar prestaciones incluso cuando eran elegibles, dijo Jessica Bolter, analista asociada de políticas de inmigración de Estados Unidos en el Migration Policy Institute.

Su organización descubrió que las solicitudes de asistencia pública a través del programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas, vales de alimentos y Medicaid cayeron el doble de rápido en las familias con al menos un no ciudadano estadounidense que entre las familias compuestas completamente por ciudadanos estadounidenses entre 2016 y 2019, según datos del censo.

Activistas migratorios aplaudieron la medida del gobierno federal, a pesar de que muchos de ellos han tenido una relación distante con la Casa Blanca debido a las reglas que les prohíben a muchos migrantes solicitar asilo en la frontera.

Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de Lutheran Immigration Refugee Services, tuiteó que se trata de un "importante distanciamiento del uso de la regla de carga pública como un arma por parte del gobierno de Trump".

La propuesta aún podría enfrentar impugnaciones legales. Texas y otros estados a menudo han intentado impedir que Biden revierta las políticas migratorias de Trump.