El 15 de septiembre, tres días después de las elecciones primarias, el ministro de Hacienda Martín Guzmán debe presentar el proyecto de presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados y tanto el oficialismo como la oposición querrán saber qué dice sobre la negociación de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, que ignoró en el avance del texto enviado el 30 de junio. 

No es sólo un tema de forma: los desembolsos previstos deberían ser parte de las erogaciones del presupuesto. Y de no estar el acuerdo cerrado para dentro de un mes, como se presume, el ministro tendrá que explicar al menos cómo piensa conseguir los dólares que promete en las negociaciones.

Nada de eso incluyó en el avance, un resumen que el Ministerio de Hacienda debe enviar a la Cámara baja en el primer semestre y que sólo dedica un párrafo al Fondo Monetario Internacional. Menciona que participa de "gestiones para lograr un nuevo programa, con las premisas necesarias para retomar el crecimiento y cumplir con las obligaciones asumidas". Pero no anticipa cuantos dólares piensa dedicarle a ese objetivo en 2022.

Según el acuerdo firmado por Mauricio Macri, el año que viene hay que pagarle al FMI US$ 18 mil millones, US$ 19 mil millones en 2023 y otros US$ 5 mil millones en 2024 para completar la devolución del crédito. Guzmán, Alberto y Cristina repitieron en reiteradas ocasiones que esos vencimientos son incumplibles, pero no siempre se mostraron en la misma sintonía sobre la mejor refinanciación.

El ministro no podrá evitar pedir permiso al Congreso para cualquier acuerdo que firme con el FMI, porque hace un año, por iniciativa de los senadores cercanos a la vicepresidenta, se sancionó una ley que le da validez a lo que suscriba sólo si tiene aval parlamentario.

 Además, la misma norma prohibe al Gobierno tomar créditos en dólares para usarlos en gastos corrientes, tanto de organismos como de bonistas privados.  

Máximo Kirchner. 

La tensión entre el Congreso y Guzmán por la negociación con el Fondo tuvo muchos más capítulos y nunca terminó. A fin de año, el entonces secretario de Finanzas Diego Bastourre realizó una visita técnica a la sede de Washington y cuando volvió ya no era funcionario: presentó la renuncia y fue nombrado como director del Banco Central. Su pliego nunca pasó el filtro del Senado de Cristina pero ejerce en comisión, o sea, el presidente lo puede echar cuando quiera a sola firma.  

El 24 de marzo, la vicepresidenta reclamó que la renegociación con el FMI tenga "más plazo y menos tasa". Y en sus últimos discursos, los jefes del oficialismo en ambas Cámaras anticiparon que sólo avalarán cronogramas de pagos bien extendidos. 

Máximo Kirchner le preguntó a la oposición si creen que se pueda "pagar en 10 años la deuda" con el FMI, como si lo normal sería pedir más tiempo. La consulta llegó después de enumerar los gastos por la pandemia que deberían resignarse aún con esa generosa refinanciación que ni siquiera está en los planes del FMI. 

Para mi, al FMI hay que pagarle en 44 cuotas de 1.000 millones de dólares. O sea, en 44 años, por la irresponsabilidad que tuvo al otorgar ese crédito.  

"Si no nos ponemos de acuerdo a la hora de negociar esta deuda, esa inversión que necesita el sector privado para tener mejor tecnología, para producir mejor, para hacer los hospitales que necesitamos, las escuelas, los jardines que se hicieron ¡va a ser imposible! No se puede servir a dos señores", ironizó. 

El senador José Mayans, jefe del Frente de Todos en esa Cámara, que suele detallar la deuda tomada por Mauricio Macri en cada uno de sus discursos, cerró su última intervención con una propuesta que sonó a ironía pero tal vez no lo haya sido: "Para mí hay que pagarle en 44 cuotas de 1.000 millones, o sea, en 44 años, por la irresponsabilidad que tuvo el Fondo Monetario Internacional", propuso. 

Se refiere a una supuesta violación de la carta orgánica del FMI realizada por su directorio por no haber evitado que el préstamo otorgado a Argentina se dilapide con la salida de capitales que Macri no pudo evitar. Fue una consulta que Mayans y otros miembros de su bloque le realizaron a la Oficina de Evaluación del organismo en una carta enviada en febrero. 

José Mayans. 

LPO/ Juan Carlos Casas.

Y además se la hicieron a la comitiva que envió al país la búlgara Kristalina Georgieva en noviembre, en una carta que le acercaron al hotel en el que se alojaban. Nunca les respondieron, pero Guzmán no podrá esquivar esa consulta cuando exponga el 15 de septiembre. 

El último mensaje que le enviaron los senadores fue con un proyecto de resolución que pidió utilizar en gastos referidos a la pandemia y no en pago de deuda los 4300 millones de dólares que el FMI gire en su moneda, los DEG (Derechos especiales de giro). El dinero arribará en los próximos días, antes de conocerse la ley de presupuesto. 

En su avance, Guzmán reconoce que la inflación está por encima de lo que había estimado (pronosticó un 29% anual que ya es incumplible), pero destaca el crecimiento del primer semestre. Y detalla que la actividad en marzo fue similar a la de dos años antes, cuando no había pandemia. 

También le pone cifras el ahorro que significó la renegociación con los bonistas externos: lo calcula en US$42.000 millones hasta 2024 y en US$34.800 en 2030, cuando ya habrán empezado a correr los vencimientos reprogramados.  

Los senadores de Cristina se meten en la negociación con el FMI y complican un acuerdo

Los dólares que no se gastaron en deuda este año fueron más que significativos para los balances de Guzmán:  debía pagar US$12.100 millones (US$6.300 millones de intereses y US$5.800 de capital) según el cronograma que dice haber heredado y tras el canje que cerró hace un año sólo desembolsará US$150 millones en intereses. 

Estas cifras, sumadas a las mejoras en el comercio exterior por el aumento del valor de los commodities, son las que tiene en carpeta Giorgieva para pedir una refinanciacióncon plazos más cortos a los planteados por los jefes legislativos del oficialismo. Lo negocia con Guzmán. Por ahora no hay  respuesta.