El massismo avanza en la Legislatura bonaerense con un pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones.

El magistrado había concedido el beneficio de arresto domiciliario a un hombre que, en 2015, fue condenado a siete años de prisión por el abuso sexual a una menor con retraso madurativo.

El pedido de juicio político en su contra fue presentado ante el Consejo de la Magistratura bonaerense, y fue respaldado por el Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados de la Nación.

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Durante el fin de semana, tras el rechazo que cosechó en Bahía Blanca la resolución que favoreció al delincuente, Brun dispuso que esa persona volviera al penal en el que se encontraba alojado.

Al frente del pedido de juicio político está el diputado provincial Pablo Garate, mientras que el diputado nacional Ramiro Gutiérrez trabajó como articulador junto al Observatorio en el seguimiento de las decisiones judiciales sobre otorgamiento de prisiones domiciliarias.

La estrategia del massismo es pedir la suspensión preventiva del juez mientras se sustancia la investigación sobre su conducta. En la provincia de Buenos Aires -a diferencia de Nación- no es el Concejo de la Magistratura quien se ocupa de sancionar a los jueces. Para eso existe una secretaría del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que depende del Senado y que preside el titular de la Suprema Corte bonaerense.

Graciela Camaño y Ramiro Gutiérrez.

En la denuncia, se argumenta que el magistrado no explicó de manera concreta y fundada por qué cocedió ese beneficio y agrega que Brun omitió efectuar un análisis merituado de las circunstancias del caso para descartar válidamente otras medidas alternativas.

Asimismo, se señalan graves irregularidades en el proceso y falta de imparcialidad del magistrado, como negar a la víctima el derecho a ser oída. Se indica en el texto que toda medida que otorgue libertades o arrestos domiciliarios debe ser dictada con notificación previa a la víctima lo que no sucedió en el caso.

Además, se señala que la medida fue dictada el 7 de abril y que la misma fue notificada a la víctima el día 29 del mismo mes, transcurriendo así 22 inexplicables días en donde los medios ya daban cuenta del suceso, situación que originó una lamentable revictimización.

En tanto, agregan que de la presentación que hizo el juez no surge que el condenado se halle en alguna situación de mayor riesgo para su salud que el resto de la población detenida. Tampoco que su prisión domiciliaria lo coloque en una situación de menor riesgo de contagio.

Liberan a mujer acusada de trata

Una mujer acusada de trata de personas y sometimiento a la esclavitud recibió el beneficio de prisión domiciliaria para poder estar junto con sus cuatro hijos menores de edad. La decisión la tomó un juez federal de Bahía Blanca que dispuso la detención "siempre que no exista orden de privación de libertad dispuesta por otra autoridad competente".

La domiciliaria es para Deolinda Macaroff, una mujer presa bajo prisión preventiva a la espera del juicio oral por la acusación de trata de personas, reducción a esclavitud y servidumbre agravada y amenazas en perjuicio de menores de edad.

La mujer pidió el 14 de febrero pasado poder visitar a sus cuatro hijos menores de edad que estaban bajo el cuidado de su hermana, que a su vez tiene que cuidar a sus propios hijos. El planteo, que fue respaldado por el Servicio Local de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Bahía Blanca, su sumó el Ministerio Público de Menores que en representación de los hijos pidió directamente la prisión domiciliaria de la mujer.

El fiscal del caso, Gabriel Gonzalez Da Silva, se opuso a la prisión domiciliaria. Lo hizo por varios motivos. Uno por la gravedad de la acusación en contra de Macaroff que fue contra sus propios hijos e integrantes de su familia, "extremos que obligan a velar por el derecho de estas víctimas y a su vez permite tener por acreditado el peligro procesal de intento de obstaculización de la averiguación de la verdad, habida cuenta del dominio ejercido sobre las víctimas -cuyos testimonios son piezas claves del proceso".

También el fiscal señaló que la mujer no es oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, que por su calidad de gitana ha tenido varios domicilios en todo el país -algo propio de esa comunidad-, lo que implica un peligro de fuga.