Ramiro Tagliaferro quedó en el centro de la polémica por una denuncia penal en la que se lo investiga por un supuesto negocio que dependía del municipio para vender licencias de conducir falsas a vecinos de otros distritos.
La denuncia a la que accedió LPO fue presentada por la Oficina Anticorrupción de Morón en la UFI N° 4 y solicita que se investigue la entrega ilegal de registros por parte de funcionarios y agentes de la gestión anterior.
Según contaron fuentes al tanto de la investigación a este medio, el modus operandi consistía en que personas de otros distritos -en general provenían de La Matanza y Moreno- se acercaban al edificio de la Secretaría de Seguridad, donde iniciaban el trámite otorgándole un domicilio falso. Luego se le otorgaba a cada una de ellas un registro a cambio de plata, por el que entre 3 mil y 8 mil pesos sin realizar ningún tipo de examen.
Desde la Oficina Anticorrupción hablan de 94 casos detectados en los últimos tres meses, aunque vaticinan que debe haber "miles" de personas en la misma condición.
La denuncia salpica a Tagliaferro por ser la máxima autoridad durante este tiempo, pero puntualmente complica a su secretario de Seguridad, Bernardo Magistocchi, y a la abogada Diamela Rocío Alvarito, la directora de Transporte que era la autoridad final que ponía su firma para aprobar cada licencia.
La denuncia quedó en manos de la justicia. La fiscal en lo Criminal y Correccional Paula Salevsky deberá investigar la probable comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho e incompatibilidad con el ejercicio de la función pública.
