La tensión en el sector energético por el congelamiento de combustibles se tornó insostenible y el Gobierno decidió ponerle fin a la medida a pesar de haber transcurrido solamente un mes de los tres que estaban proyectados.

Como anticipó LPO, las autoridades autorizaron un aumento del 4% que entrará en vigencia a partir de este jueves y una suba del 5,58% en el precio del barril de petróleo reconocido a los productores. Aun así, los surtidores mantienen un atraso en torno al 30%, mientras que el barril criollo tiene una brecha de 18 dólares con el Brent.

Según comunicaron desde la secretaría de Energía, la decisión se tomó por la modificación de circunstancias "a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita", pero en los hechos, se aprovecha esta situación para justificar una salida que se caía de maduro.

"Estos acontecimientos conllevan a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país", agregaron.

Las estaciones de bandera blanca denuncian que las petroleras no entregan combustible

Tal como reflejan las declaraciones, el cambio de rumbo se vio precipitado por el riesgo de desabastecimiento que había anticipado LPO en exclusiva hace varias semanas y que se terminó profundizando estos últimos días ante la disparada del barril de crudo a nivel internacional.

El martes, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, denunció que miles de estaciones se encontraban desabastecidas desde hace cuatro días, especialmente en pueblos del interior, donde brindan servicios sociales para ambulancias, policía y bomberos.

Neuquén rechazó los subsidios del congelamiento por la exigencia de retirar los reclamos judiciales

La intención de Macri era utilizar esta ancla para amortiguar los efectos de la última devaluación y tratar de mantenerse competitivo de cara a las elecciones de octubre, pero el grado de conflictividad en todos los actores del sector fue escalando día tras día.

Las primeras en reaccionar fueron las productoras no integradas, que anunciaron inmediatamente un recorte en las inversiones y una baja de equipos de perforación por el diferencial de precio con el Brent.

Pero rápidamente la crisis se propagó al resto de las firmas, a las estaciones de servicio, a las provincias petroleras que iniciaron una serie de acciones judiciales contra la Nación y a las productoras de bioetanol que llegaron a denunciar penalmente al secretario de Energía Gustavo Lopetegui.

A su vez, el poderoso sindicato de Guillermo Pereyra se había declarado en "estado de alerta y movilización" por las mil suspensiones ocasionadas, mientras que el gremio que engloba a los trabajadores de las refinerías había anunciado un paro para este viernes.