En medio del escándalo por el recorte de las pensiones por discapacidad y las polémicas declaraciones del funcionario a cargo del área, los diputados de Cambiemos vaciaron una reunión de comisión donde se iban a debatir proyectos que rechazan la medida.
La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados contó sólo con la presencia de diputados del kirchnerismo y otros bloques de la oposición y, por lo tanto, no reunión el quórum suficiente para tratar proyectos. Es por eso que se limitó a expresar la voluntad de dar "urgente tratamiento" a proyectos que rechazan el recorte de las pensiones.
El Poder Ejecutivo dio de baja unas 70 mil pensiones a personas con discapacidad, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que apeló a un decreto de 1997 que reglamenta el artículo 9 de la ley 13.478 a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Otras 180 mil pensiones estarían "en revisión".
El titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, aseguró este martes que el Gobierno "no cambió nada" en el otorgamiento de pensiones y dijo que el recorte tiene que ver con "incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas".
"Nosotros estamos administrando un programa de más de un millón y medio de personas que fue irresponsablemente dado por 12 años en el kirchnerismo a personas que no cumplían con los requisitos que imponía la ley", explicó Badino, que habló de un sistema "corrupto para distribuir pensiones que no corresponden exactamente a lo que imponía la ley".
Badino armó un escándalo en las últimas horas cuando intentó salir a aclarar el tema en Clarín y terminó afirmando que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo". Además, dijo que no avisaron de la quita del beneficio a los afectados porque no tienen "el teléfono de todos".
En la reunión de los diputados, el presidente de la comisión, José Ciampini (FPV-PJ), indicó que "de 1,6 millón de beneficiarios que había hasta fin de 2015, en poco más de un año se bajó en 170 mil beneficiarios, el 10 por ciento" y advirtió que "a este ritmo" el porcentaje "va a superar la superinflación que tiene este país".
Pablo Kosiner, del bloque justicialista, pidió citar a Stanley para exigir explicaciones. "La baja de pensiones por invalidez marca un nuevo retroceso en las políticas de derechos humanos. Las políticas de ajuste para achicar el déficit fiscal no pueden afectar a los más vulnerables y como legisladores debemos trabajar para defender sus derechos", reclamó.
La socialista Gabriela Troiano, vice de la comisión, manifestó que "hace un año y pico que se están dando de baja pensiones con montos exiguos" que se reclamaba actualizar y apuntó que "la Vicepresidente (Gabriela Michetti) reconoce que hay 5 millones de personas con discapacidad y sólo 1 millón reciben pensiones no contributivas". "Tampoco importa (al Gobierno) la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Lo único que importa es el ajuste", agregó la diputada por Santa Fe.
En la breve reunión en minoría que realizó la comisión de Discapacidad, el representante de la Multisectorial por la Discapacidad, el mendocino Germán Ejarque, puntualizó que la quita de pensiones no contributivas "se hizo sin haber tenido en cuenta criterios socioeconómicos" y pidió la derogación del decreto 432/97.
En tanto, el Frente Renovador con las firmas de Sergio Massa, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Agustín Calleri, Carlos Selva y Nelly Dagoria en un proyecto de Declaración expresó su rechazo y "profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de realizar recortes en ayuda social y dar de baja pensiones cuyos beneficiarios son personas con discapacidad".
Por otro lado, en el Senado la santafesina María de los Ángeles Sacnun (PJ) presentó un proyecto de ley para "evitar recursos administrativos y acciones judiciales que ralenticen el otorgamiento" de pensiones. La norma establece la derogación de los artículos del decreto de 1997 que Stanley y Badino utilizaron para el recorte.
