El fallo del juez Penal de Cámara, José Luis Mascali, declarando la inconstitucionalidad de los fueros absolutos del que gozan los legisladores en Santa Fe y que impiden que la justicia pueda, siquiera, investigarlos, generó un profundo impacto político en la provincia.

Es que los fueros le permitieron al senador Armando Traferri zafar de declarar en la causa que lo señala como organizador de la banda que administraba la red de casinos clandestinos de la provincia y que se sospecha, tenía puntos de contacto con el narcotráfico y los puertos secos.

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Ahora, la sentencia habilita al "Ministerio Público de la Acusación o las Oficinas de Gestión Judicial, citar al señor Senador Annando Traferri a prestar declaración imputativa, pueden formular requerimiento de acusación y pueden requerir de -la jurisdicción la apertura del juicio", sostiene el magistrado en el fallo. En definitiva, habilita a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, que entienden en la causa, a iniciar un proceso penal contra el legislador, un hecho inédito en Santa Fe.

El fallo de Cámara de Mascali revocó la decisión en primera instancia de la jueza Eleonora Verón que había impedido que la investigación avance y habilitó "la facultad de llamar a declaración imputativa" aunque aclara que los fiscales que investigan los vínculos entre la política y el delito, "deberán abstenerse de disponer su detención o fuerza pública, el allanamiento de su morada u oficina y la interceptación de correspondencia en sentido amplio", y para ello, deberán requerir un nuevo desafuero a la Cámara Alta.

Meses atrás, Traferri había eludido el desafuero por el apoyo que le brindó una mayoría de senadores peronistas, radicales y socialistas, mientras que una minoría nucleados en el bloque Lealtad, más cercanos al gobernador Omar Perotti, defendieron la quista de privilegios para que el sospechado se someta a la justicia.

" Mascali se transformó en héroe: el juez declaró la inconstitucionalidad de los fueros absolutos del senador Traferri. Podrá ser investigado en la causa de juego clandestino. Todavía hay esperanza. La decisión más importante de los últimos seis meses", festejó el concejal rosarino del PRO, Roy López Molina, uno de los pocos dirigentes políticos que viene insistiendo en la necesidad de que continúe el proceso de Mani Pulite en la provincia.

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En las antípodas ideológicas, el diputado Carlos de Frade escribió en su twitter; "una luz en la ciénaga: el juez penal Luis Mascali declaró la inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la primera parte del artículo 27 del Código Penal, por lo tanto ya no hay privilegios ni fueros. El senador Armando Traferri tiene que ser investigado".

En consecuencia, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tendrán la facultad de citar a Traferri a audiencia imputativa, situación que lo complicará significativamente en la Cámara: ¿Cómo van a hacer los senadores para justificar otra vez la negativa al desafuero?, se preguntó un dirigente peronista enfrentado al Pipi.

A Traferri aún le queda la instancia de apelación en la Corte Suprema de Santa Fe donde tiene aceitados contactos, sobre todo con uno de los hombres fuertes del Tribunal, Rafael Gutiérrez. De hecho, su hijo Rafael Esteban, fue designado como Secretario Legislativo de la Cámara por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien tiene al Pipi como jefe político de su espacio.

Rafael Gutiérrez hijo, secretario Parlamentario del Senado de Santa Fe

LPO Carolina Niklison

"Hay que ver cómo llega a la Corte y en función de ello, si hay un recurso extraordinario o en este caso, de inconstitucionalidad, con qué efecto se otorga, pero hoy como está el fallo, los fiscales que investigan el juego clandestino están en condiciones de avanzar", evaluó un dirigente de la oposición que sigue atentamente el tema. 

A partir de toda esta situación, la provincia atraviesa una crisis institucional inédita donde la Legislatura, con un cambio del reglamento del Ministerio Público de la Acusación, se arrogó las facultades de investigar y sancionar el desempeño de los fiscales, justo cuando uno de sus integrantes está siendo investigado y luego de haber desplazado a otros funcionarios del MPA que indagaron sobre usos indebidos de los millonarios fondos que disponen los senadores.

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Sumado al intento por echar al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín del Organismo de Investigación, generó un durísimo documento firmado por la Asociación de Fiscales de la provincia que recibió el apoyo del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal quienes manifestaron su "más enérgico rechazo al avasallamiento sufrido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe", sostiene el documento y agrega que: 

"Sostener el poder administrativo-disciplinario de la Legislatura importa subordinar su actuación judicial perdiendo autonomía funcional e independencia orgánica", e insta a los tres poderes santafesinos a que modifiquen el régimen disciplinario "retomando el camino democrático de la sana división de poderes y de los principios republicanos", concluyen.