Luego de una larga jornada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el presidente de la agroexportadora concursada recuperó su libertad luego de pasar dos noches en prisión acusado por la fiscalía de haber desobedecido la orden de no innovar en la estructura accionaria de Vicentín que en abril pasado le vendió el 33,3% de sus acciones de Renova al holding internacional Viterra.

El magistrado Foppiani rechazó la prisión preventiva solicitada por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno pero le ordenó al presidente de la firma, Omar Scarel, el pago de 500 mil dólares en caución que se suman a los 10 millones que tuvo que depositar el directorio en octubre del año pasado y el tema se seguirá investigando.

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En sus fundamentos, el juez sostuvo que le costaba creer que se hubiera tipificado el delito aunque mantiene firme la imputación que se resolverá más adelante en juicio y le reprochó al contador y director de Vicentín y le admitía a la fiscalía que el contrato tenía una redacción muy enmarañada y que no era una casualidad; "no soy ingenuo", aclaró Foppiani.

 El juez sostuvo que le costaba creer que se hubiera tipificado el delito aunque mantiene firme la imputación que se resolverá más adelante en juicio y le reprochó al contador y director de Vicentín y le admitía a la fiscalía que el contrato tenía una redacción muy enmarañada y que no era una casualidad

Es que el argumento de la fiscalía se basó en que el directivo de Vicentín había firmado la venta del 33,3% de las acciones de las plantas de procesamiento y puertos de Renova a Viterra (ex Glencore) por 310 millones de dólares a pagar en pesos al tipo de cambio del momento en concretarse la operación.

En consecuencia, la acusación le atribuyó a Scarel haber desobedecido una orden judicial del 18 de septiembre de 2020 de no innovar en la masa accionaria de Vicentín SAIC y otra prohibición de diciembre de 2020 que le impidió a la cerealera desprenderse de activos por valores que superiores a los 50 millones de pesos.

Como la venta de las acciones no fue informada, según la fiscalía, solo quedó registrada en el medio del voluminoso anexo de la oferta a los acreedores y con una redacción ambigua que el fiscal Sebastián Narvaja expuso, destacando los pasajes que dejaban a la confusión si la venta se daba por concluida, más allá de los condicionantes que impone el concurso.

Para ello, Narvaja señaló una serie de términos y de alusiones a cláusulas que "generan una confusión que hacen parecer que esta compra de acciones integra el convenio marco pero que, con una lectura detallada, se advierte que hablan de instrumentos independientes".

Fernando Bougaín, uno de los directivos que acompañaron a Scarel en la audiencia

En definitiva, lo que la fiscalía puso en dudas fue si hubo un intento de ocultar un desprendimiento de las acciones que tenía prohibido por las cautelares que pesan sobre el directorio. Por su parte, el fiscal Moreno definió a Scarel como "un ilusionista" y enumeró las presuntas inconsistencias en balances, contrataciones de abogados y contadores sin experiencia para cubrir los cargos de control y otras irregularidades que se habían planteado en la audiencia de octubre pasado cuando reclamaron la preventiva para la totalidad del directorio.

Por el lado de la defensa a cargo del doctor Jorge Ilharrescondo manifestaron que lejos de encontrarse frente a un ilícito, se trataba del armado de un andamiaje comercial y financiero orientado a cumplir con los acreedores y que lo que se estaba realizando en esa audiencia era criminalizar al directivo en el fuero penal para resolver un tema del Derecho Comercial, sugiriendo que se trataba de una maniobra para sembrar dudas a los acreedores a 15 días de que se acepte el plan de rescate que ideó Vicentín junto a tres socios estratégicos.

De hecho, Ilharrescondo destacó la ausencia de los representantes de los bancos extranjeros, del acopio Cuatro Hojas, y de la mayoría de los productores y acopiadores mientras que la querella estuvo integrada por dos firmas que adelantaron que rechazan la oferta que elevó Vicentín. Uno de ellos, la zapatería Olzen de Buenos Aires que compró las acciones de un damnificado para colarse en el concurso y está representada por el abogado Gustavo Feldman, con estrecho vínculo al estudio Salvatierra quienes estuvieron interesados en quedarse con la empresa concursada.

Por lo pronto, el juez ordenó la libertad de Omar Scarel sosteniendo que no creía que se hubiera tipificado el delito aunque le reprochó a la empresa una redacción enmarañada del contrato y amplió la fianza en 500 mil dólares.