Espiar a periodistas ha sido una vieja práctica de gobiernos mexicanos. Lo hacía la vieja policía política, la Dirección Federal de Seguridad, y la Inteligencia Militar. Tras desaparecer la policía política y constituirse un servicio de inteligencia civil profesional, la práctica se mantuvo y, en casos específicos, la vigilancia se realizaba físicamente, creándose expedientes sobre su vida personal, sus hábitos y rutinas.

Lo que siempre les interesó saber fueron sus redes de vínculos para poder conocer sus relaciones e interacciones con los políticos y detectar si llegaban a ser utilizados para sus ambiciones de poder, o como sucedió en los 80's y los 90's, para detectar si tenían relación con grupos guerrilleros o de narcotraficantes, sobre los cuales llegaban a escribir.

Lo que se hacía era un trabajo de contrainteligencia, en donde se utilizaba la información que se recopilaba con fines únicos para la seguridad nacional. Con la llegada de Ernesto Zedillo a la Presidencia se amplió la vigilancia a periodistas, particularmente a ocho periodistas que en los 90's servían como caja de resonancia y de mensajeros inopinados de políticos en conflicto. Esa dialéctica no era inusual. Las columnas políticas en la prensa mexicana han sido, desde hace 60 años, la arena en donde se expresan las luchas y las aspiraciones de los políticos.

Pero no fue sino hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en donde el espionaje a periodistas se masificó, y se les ubicó en la misma categoría que grupos armados, narcotraficantes, activistas opositores al gobierno, cabilderos y políticos. Desde 2015 comenzó a utilizar el programa Pegasus de manufactura israelí, adquirido por el gobierno federal y varios estatales para combatir el secuestro -las opiniones de ese software fueron siempre muy buenas por su efectividad-, para espiar periodistas.

El nuevo director del CISEN, el general Audomaro Martínez, se topó con un cuerpo técnico profesional y con una buena tecnología que se utilizaba para el combate a los cárteles de la droga. Martínez le explicó los beneficios de tener un aparato de inteligencia, y persuadió a AMLO.

En octubre de 2015, se reveló que el CISEN había realizado 729 intervenciones telefónicas a una amplia gama de críticos y opositores del gobierno, entre los que había dos periodistas, Carmen Aristegui y el autor de este artículo, además de haber estado escuchando teléfonos identificados como "Talento Televisa", que es como define esa empresa a sus conductores y periodistas.

Citizens Lab, de la Universidad de Toronto, y el periódico The New York Times, documentaron en 2017 un total de 76 casos de espionaje en contra de varios periodistas, entre ellos los reconocidos Aristegui y Carlos Loret, así como otros reconocidos periodistas, como Salvador Camarena, que encabezaba la unidad de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, que revelaba regularmente actos ilegales o irregulares del gobierno peñista. La intencionalidad de esas intervenciones telefónicas y la utilización del malware Pegasus parecía, como en el pasado, conocer sus redes de vínculos para saber a qué intereses representaban o de dónde obtenían su información.

El espionaje a críticos, disidentes y opositores siempre fue criticado por la izquierda y los grupos progresistas en México, que recibieron con entusiasmo la llegada a la Presidencia de AMLO, quien prometió que el espionaje político sería desterrado y el CISEN, la agencia de inteligencia civil, desmantelado.

Esto último cambió rápidamente. Cuando llegó con esa encomienda el nuevo director del CISEN, el general Audomaro Martínez se topó con un cuerpo técnico profesional y con una buena tecnología que se utilizaba para el combate a los cárteles de la droga. Martínez le explicó los beneficios de tener un aparato de inteligencia como el CISEN, y persuadió a López Obrador.

En la medida que fue avanzando su gobierno, conforme fue tropezando en el desmonte acelerado de instituciones, las críticas se fueron incrementando junto con las tensiones dentro del gobierno, que acompañadas de una inexperiencia en la administración pública, resultó en que un buen volumen de información privada y confidencial, comenzó a aparecer en la prensa política y económica.

Las columnas se convirtieron en el registro cotidiano del desorden dentro del gobierno y de las tensiones y conflictos entre los funcionarios, o de los humores cambiantes del presidente. Ello llevó a que desde el otoño del año pasado, cuando menos, se comenzara a espiar periodistas.

Los primeros a los cuales se les comenzó a intervenir sus teléfonos fueron a columnistas que hablaban sobre seguridad y política. Después a otros columnistas políticos que describían la forma como el presidente estaba tomando decisiones. Después a columnistas económicos que describían con enorme detalle la manera como peleaban dentro del gabinete.

López Obrador ha ido desmantelando todas las instituciones de segunda y tercera generación democrática que servían como balance del poder. La prensa, cada vez más crítica ante sus cada vez más ataques directas a medios y periodistas, parece ser el nuevo objetivo

En esa escalada que se estaba convirtiendo en práctica, el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, ordenó el seguimiento físico y la intervención telefónica de dos columnistas que dieron a conocer los pasos que estaba tomando para que la Guardia Nacional, un grupo paramilitar que fue transferido del Ejército a manejar la seguridad, quedara formalmente integrado en la Secretaría de la Defensa.

En el equipo cercano a López Obrador, la preocupación se extendió al no saber de dónde estaba saliendo tanta información. Era tal la calidad de esta información, que en una de sus conferencias matutinas el presidente se quejó abiertamente de dos periodistas porque lo que se había discutido un día antes en sus oficinas, era publicado al siguiente con todo detalle.

El tema del espionaje a periodistas aceleró su metabolismo esta semana, luego de que un columnista de El Universal, Javier Tejado, dijo que un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad, a quien identificó por nombre, había ordenado espiar a varios periodistas que habían sido críticos de la propuesta gubernamental para crear un padrón de usuarios de teléfonos móviles.

Tejado habló de abuso de poder del funcionario, pero la denuncia se extendió en forma de alarma y preocupación entre diversos columnistas, no por el hecho que quisieran saber de dónde sale la información que publican, como hace mucho ha sido el caso del seguimiento a periodistas, sino porque a diferencia de otros presidentes, López Obrador ha demostrado ser inescrupuloso en el uso de información de inteligencia para difamar y dañar la reputación de quien se le cruza en el camino. Eso ya sucedió con políticos y con ministros de la Suprema Corte, con dirigentes de organismos autónomos y jefes de instituciones que sirven como contrapeso.

De esa forma, López Obrador ha ido desmantelando todas las instituciones de segunda y tercera generación democrática que servían como balance del poder. La prensa, cada vez más crítica ante sus cada vez más ataques directas a medios y periodistas, parece ser el nuevo objetivo. Qué tanto comenzará a utilizar información confidencial para, como lo ha hecho en el pasado, acomodar sin contexto y tergiversación los hechos, o manipular y mentir, no se puede saber porque cada día AMLO es una incógnita. Lo que sí se puede anticipar es que negará que tal espionaje exista, porque "no somos como los de antes", como siempre dice, y se seguirá haciendo.