Verónica Magario podría definir por primera vez una votación en el Senado bonaerense si un proyecto de ley de Alquileres llega al recinto en los próximos días.

En la Cámara Alta, el Frente de Todos y la coalición opositora Juntos tienen la misma cantidad de bancas: 23 cada bloque. Sin embargo, la pandemia y falta de acuerdos llevó a casi paralizar el trabajo legislativo. No hubo al momento sesiones en las que Magario se viera obligada a hacer valer el poder de su voto doble.

Pero eso puede cambiar en los próximos días si el Frente de Todos consigue bajar al recinto un proyecto de ley de Alquileres que esta semana se discutió en la comisión de Legislación General donde Juntos emitió un dictamen de mayoría en rechazo.

La semana próxima se tratará en la comisión de Asuntos Constitucionales donde el Frente de Todos tiene mayoría y puede emitir un dictamen en favor de la iniciativa.

Con esos pasos cumplidos el proyecto podría bajar al recinto para someterse a votación. Si eso ocurre, se prevé que haya un empate y que sea Magario quien defina por la positiva.

Francisco 'Paco' Durañona.

El proyecto lo impulsa Francisco ‘Paco' Durañona, aunque no está claro si cuenta con el acompañamiento de todo el bloque de senadores que lidera la senadora Teresa García.

En cuanto a los lineamientos, desde el bloque aseguran que es una la ley similar a la que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso se sorprenden de que el PRO y la UCR la rechacen en la provincia.

Nosotros entendemos que el problema está en la oferta. A medida que se ponen más regulaciones y restricciones, tanto a nivel nacional como en la ciudad, traen como consecuencia exactamente lo contrario: se genera mayor demanda con menor oferta.

"Nosotros entendemos que el problema está en la oferta", dijo el jefe de los senadores de Juntos, Alejandro Ravinovich, y aclaró. "A medida que se ponen más regulaciones y restricciones, tanto a nivel nacional como en la ciudad, traen como consecuencia exactamente lo contrario: se genera mayor demanda con menor oferta".

El texto plantea algunos beneficios para los inquilinos. Entre otras cosas, que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusiva de los propietarios.

Además, establece que las certificaciones de firmas y los pedidos de informes para alquiler con fines de vivienda sean gratuitos.

Durañona explicó que, en la Ciudad, esta Ley fue impugnada judicialmente por las distintas organizaciones de martilleros y hubo una defensa férrea del oficialismo porteño,

"Tal es así que el Tribunal Supremo de CABA le dio la razón a la Ciudad rechazando todos los argumentos vertidos por los martilleros y en ningún momento hubo una vocación por parte del PRO en la Ciudad para modificar la vigencia de la Ley", dijo Durañona.