Pablo Moyano y Omar Maturano están subidos en una feroz carrera para quedarse con la representación sindical de los repartidores en la provincia de Buenos Aires, un armado que de constituirse podrÃa contar con unos 100.000 trabajadores. La pulseada es sólo un capÃtulo en una disputa más de fondo entre los Moyano y el lÃder de La Fraternidad por el control de los gremios del transporte.
El escenario de esa pelea es la Legislatura bonaerense, donde el Frente de Todos busca avanzar con un proyecto de ley para regular empresas como Rappi y Pedidos Ya. El proyecto ya tiene sanción del Senado, pero está trabado en Diputados donde Juntos y los liberales se oponen.
El proyecto de ley propone la creación de un registro de los repartidores llamados riders. Ese registro serÃa clave para tener un número certero de la cantidad de trabajadores que conforman el sector.
El Frente de Todos en la provincia frenó un proyecto de Plaini para regular Rappi y Pedidos Ya
Quien impulsa el proyecto es el senador Omar Plaini con el apoyo de Moyano. Plaini es el titular del gremio de canillitas, un gremio que viene perdiendo poder con la caÃda en las ventas de los diarios en papel y las revistas.
Entre los repartidores se empezaron a articular armados sindicales. Uno es la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que conduce Marcelo Pariente, quien responde a los Moyano.
Para darle fuerza a ese armado de repartidores, Moyano designó a Pariente como secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, el histórico brazo polÃtico del movimiento obrero.
Pero Maturano también busca potenciar a su propio armado. Se trata de la Asociación Sindical de Repartidores (ASRI) que preside Mauro López. Este sector resiste el proyecto de ley de Plaini y amenaza con movilizar a la Legislatura si el expediente sigue su trámite en las comisiones de trabajo.
Maturano incluyó a la ASRI dentro de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), una agrupación que se habÃa creado en 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner para oponerse a la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) que manejaban los Moyano.
En abril del año pasado, los dirigentes vinculados al Transporte enfrentados con el camionero relanzaron ese armado al que buscan consolidar como un polo de poder alternativo. Allà están Maturano, Roberto Fernández (UTA) y Carlos Acuña (estaciones de servicio).
En la Legislatura el proyecto de ley parece estancado. Esta semana, Plaini organizó una conferencia de prensa de la que participó Pablo Moyano y donde se cuestionó en duros términos a la oposición, en especial a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Lejos de buscar acercar posiciones para lograr consensos, la postura del peronismo pareció buscar romper puentes.
La semana pasada el peronismo en Diputados buscó aprobar un dictamen conjunto en las comisiones de Presupuesto, Trabajo, Asuntos Constitucionales, y Legislación General. La estrategia era lograr un despacho para bajar el proyecto al recinto en la próxima sesión.
Sin embargo, se decidió fue el propio Frente de Todos quien le puso un freno a la movida tras gestarse una resistencia por parte de los trabajadores quienes no habÃan sido convocados para analizar el texto.
La clave del proyecto pasa por la creación de un Registro Provincial Único y Obligatorio para trabajadores de Plataformas en Aplicaciones. AllÃ, las empresas empleadoras tendrán la obligación de inscribir tanto a sus trabajadores, como los vehÃculos utilizados.
En tanto, a partir de ese registro el gobierno podrá identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores. La idea es poder controlar los derechos laborales de los miles de personas que circulan en moto o bicicleta.
Esto obliga a los empleadores y prestadores (aplicaciones móviles incluidas) a inscribir a sus trabajadores, quienes deberán poseer un certificado para realizar la actividad.
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