La Corte anuló este jueves la reforma del Consejo de la Magistratura que Cristina Kirchner ideó en 2006 para darle mayor gravitación a la política en el organismo que tiene un papel clave en la designación y remoción de jueces.

El fallo del máximo tribunal implica una derrota total para el Gobierno y especialmente para la vicepresidenta. Se regresa al viejo esquema de veinte miembros, se exigen mayorías de dos tercios para nombrar y destituir jueces y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es repuesto como presidente de la Magistratura.

Además, se estableció un plazo perentorio de cuatro meses para que se incorporen a los nuevos miembros, mientras el Congreso se tome su tiempo para dictar una nueva norma que contenga estos cambios. 

El fallo del máximo tribunal implica una derrota total para el Gobierno y especialmente para Cristina. Se regresa al viejo esquema de veinte miembros, se exigen mayorías de dos tercios para nombrar y destituir jueces y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es repuesto como presidente de la Magistratura.

La decisión vuelve a poner al sistema judicial en el centro de las decisiones del Consejo de la Magistratura y en especial a la Corte Suprema, que con la presidencia del órgano recupera juego. Con un agravante para la Casa Rosada: El presidente de las dos instituciones más importantes de la Justicia es el santafesino Rosatti, que llegó al cargo pese a la oposición militante del Gobierno que apostó a un regreso de Ricardo Lorenzetti, no casualmente el único juez que no acompañó el fallo.

Desde hace más de una década que el máximo tribunal debe decidir sobre la integración de la Magistratura que en 2006 se redujo de 20 miembros a 13, en una decisión que consolidó el poder en el organismo de los representantes del Congreso y el Poder Ejecutivo. En su último período como presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti hizo varios llamamientos públicos y privados para que "la política" se encargara de saldar las diferencias, pero no tuvo éxito.

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En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina impulsó un proyecto para reducir la influencia de la Justicia en el Consejo y aumentar el peso específico de la política.

Equilibrio es el concepto clave que la Corte buscó reinstalar con su fallo. El diseño incorporado para la creación del Consejo plantea cuatro estamentos con similar capacidad de influencia. Además del sillón del presidente de la Corte, la ley 24.937 le da a la corporación judicial 4 lugares para jueces y 4 para abogados. El poder legislativo tiene 8 sillas, el Ejecutivo una y el mundo académico otras dos.

La intención de los constitucionalistas fue que ninguno de los estamentos que componen al Consejo "pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos".

Desde la Corte consideraron que con la composición impulsada por Cristina le daba al estamento político preeminencia sobre los demás: con seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo la política puede asegurarse quorum propio y tiene mayoría simple, aunque los representantes de la oposición no suelen votar con el oficialismo.

El ministro de Justicia, Martín Soria.

Telam

El Gobierno sabía de la inminencia del fallo del máximo tribunal y por eso semanas atrás desde Casa Rosada anunciaron que enviarían al Congreso un proyecto que sumaba cuatro representantes por fuera de la política a los 13 miembros que actualmente integran el Consejo. Pero, detrás de esa supuesta concesión, el proyecto le sacaba al máximo tribunal la presidencia del organismo, algo que tenía originalmente.

Es por eso que la Corte dio un plazo de cuatro meses para que dos abogados, dos jueces y un académico se incorporen el Consejo. Si transcurrido ese período no se vuelve al equilibrio anterior, los actos del Consejo no tendrán validez. El fallo también exige que con el regreso de la vieja composición las designaciones y remociones de magistrados se hagan con dos tercios de los consejeros presentes.

Además el máximo tribunal obliga al Congreso a discutir una nueva ley de integración del Consejo "en un plazo razonable", algo que agrega una dificultad para el oficialismo. 

El gobierno mantiene una puja con la Corte y nunca logró encausar la relación con Horacio Rosatti y con la mayoría que logró construir el actual presidente del máximo tribunal. Una mayoría que se vio reflejada en el fallo de este jueves, que lleva las firmas de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. De hecho, la única visita que el ministro de Justicia, Martín Soria, hizo al máximo tribunal sólo agravó la situación, porque al retirarse del encuentro el funcionario de Alberto Fernández cuestionó a los ministros ante los medios.

El proyecto que llegó al Congreso, con mínimas modificaciones del Gobierno, había sido elaborado en 2017 por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y en su momento logró traspasar la grieta: consiguió el apoyo del entonces ministro Germán Garavano, del peronismo, de la Justicia en general y de la Corte en particular. Sin embargo pocas horas antes de que se presentara en el Congreso, un operador judicial del macrismo le comunicó a Jorge Rizzo, el principal actor del Colegio, que no seguirían adelante con la reforma porque "el dibujo actual" le servía a Mauricio Macri.