Un amotinamiento en la tarde de este miércoles en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, en el que se confirmaron cuatro fallecidos, al que se suma un plan de fuga en la cárcel de Ciudad del Este, barrió de un soplido el discurso de Ángel Barchini sobre el éxito en el plan de eliminación de los clanes que controlan el sistema penitenciario.

El segundo caso dejó en evidencia la ausencia del Estado en áreas que son controladas por facciones criminales, en este caso el Primer Comando Capital (PCC). Miembros de esta facción estaban abriendo un boquete en la pared de un baño que casualmente linda con la dirección policial. Las propias autoridades del penal admitieron que el sector estaba ocupado por el grupo criminal de origen brasileño y que los propios internos manejaban la llave del sanitario que corresponde a las visitas.

La ruptura en la cúpula del PCC preocupa al Gobierno por la interna narco en las cárceles

En el primer caso, el enfrentamiento entre internos resultó en la muerte de cuatro personas, además de cuatro heridos, según los últimos informes del gobierno. El motivo del motín es nuevamente la disputa entre miembros del PCC y el Clan Rotela, facciones enemigas que ya protagonizaron varios cruces en otras cárceles, en medio de una guerra por el control del sistema penitenciario.

Estos episodios dejaron en evidencia que pese al éxito del Operativo Veneratio por recuperar el control de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con la "recaptura" de Amando Javier Rotela, el traslado de un total de 700 internos se realizó de manera poco planificada, en relación con el efecto que causaría. Y es que estas personas privadas de su libertad fueron a parar a penitenciarías que de por sí ya estaban hacinadas.

El presidente Santiago Peña. 

La misma penitenciaría de Pedro Juan Caballero, con una capacidad para 920 personas, se encuentra actualmente con una población que casi alcanza las 1.400 personas, según datos oficiales. A esto se suma el hecho de la presencia de facciones enfrentadas, como el PCC y el Clan Rotela, lo que hace que el control sea aún más complicado.

La penitenciaría de Pedro Juan Caballero, con una capacidad para 920 personas, se encuentra actualmente con población que casi alcanza las 1.400 personas, según datos oficiales

Para el comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Orlando Castillo, la distribución que hizo el Ministerio de Justicia fue "muy poco criteriosa, muy poco técnica y sin mirada criminológica, que lleva a un empeoramiento de las tensiones internas dentro de las penitenciarías, que están en puja por el poder".

Ante la ausencia de políticas penitenciarias que dignifiquen el encierro y el florecimiento de la corrupción, estos clanes criminales son las que toman fuerza en un intento de los presos por conseguir condiciones dignas. Ante esa ausencia de derechos fundamentales dentro de las penitenciarias emergen liderazgos que buscan establecerse, a través del crimen organizado, como garantía de condiciones mínimas.

Rodrigo Nicora, viceministro de Política Criminal.

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En el caso de Ciudad del Este, y en general de los intentos de fuga, los relaciona también con la falta de condiciones mínimas para el encierro, que ni siquiera puede garantizar la comida para todos los internos y en buenas condiciones. A esto le suma el hecho del nombramiento de personas sin la preparación adecuada para el manejo de las penitenciarías, por el solo hecho de pagar favores políticos.

Durante un acto de incorporación de nuevos efectivos al Grupo Lince, y horas antes de que se desatara el motín en PJC, Santiago Peña se dirigió al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. "Estoy orgulloso de ustedes, les agradezco los esfuerzos y sacrificios que está haciendo, pero no estamos satisfechos, los paraguayos no están satisfechos. Yo no estoy satisfecho. Las expectativas sobre nosotros es demasiado grande y pido que triplique los esfuerzos para que los paraguayos nos sintamos más seguros en nuestro país", dijo.