Una de las leyes más importantes impulsadas por el gobierno de Santiago Peña es consecuencia de la presión internacional y tiene la finalidad de ordenar la función pública, los contratos irregulares y la carrera del servidor público. Así lo reconoció el propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, durante una audiencia pública en el Congreso.

Se trata del proyecto de ley del servicio civil que fue redactado durante el mandato de Mario Abdo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según admitió el ministro. La iniciativa fue presentada por el actual gobierno como una salida contra la crisis generada por la corrupción en los contratos que tuvieron el sello del tráfico de influencias y el nepotismo, aunque fue elaborada mucho antes.

Peña quiere apurar la reforma jubilatoria para cumplir con el FMI y se enfrenta a la bancada cartista

Fernández Valdovinos explicó que con esta normativa se podría evitar el nombramiento de personas no capacitadas o sin preparación, incluso en cargos de confianza, porque se tendrán "reglas claras". En más de una ocasión calificó estos casos como un mal gasto del presupuesto público.

El presidente Santiago Peña. 

 Los intereses de Paraguay con con el órgano internacional son muchos, uno de los más recientes fue la adquisición de créditos para proyectos de desarrollo. El BID Invest emitió bonos el año pasado, en guaraníes, destinados al financiamiento del sector privado, por G. 90.000 millones a un plazo de cinco años.

Las declaraciones del ministro se dan un día antes de su viaje a Punta Cana, República Dominicana, donde se realizará la asamblea de gobernadores del BID y del BID Invest, hasta el 10 de marzo. Está previsto que la ley del servicio civil sea tratada el 19 de marzo.

La ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, que en principio tuvo gran resistencia de sectores sociales, gremiales y sindicales que denunciaban que sus aportes estaban en riesgo, fue una exigencia del FMI

Otra ley de gran importancia fue sancionada y promulgada por el gobierno de Peña por presión internacional. La ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, que en principio tuvo gran resistencia de sectores sociales, gremiales y sindicales que denunciaban que sus aportes estaban en riesgo, fue una exigencia del FMI. 

Posterior a su promulgación, el gobierno solicitó al Fondo cerca de USD 400 millones dentro del marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad.