Finalmente, el ministro del Interior, Enrique Riera, le ganó la pulseada a su par de Justicia, Ángel Barchini, como responsable de aplicar la implementación y el financiamiento de las tobilleras electrónicas, un proyecto que lleva varios meses de atraso.
En octubre, y ante el aumento de casos de feminicidios, Santiago Peña dio el visto bueno al decreto reglamentario que autorizaba el uso de dispositivos electrónicos de control, sean pulseras, tobilleras u otro medio similar que pudiera ser adherido al cuerpo del procesado.
Sin embargo, la puesta en vigencia del decreto carecía de presupuesto y de un órgano del Estado capaz de monitorear a los procesados bajo arresto domiciliario. Luego de idas y vueltas en el Congreso, Riera se quedó con la iniciativa, sobre todo porque Barchini está bajo la mirada de los parlamentarios por una serie de denuncias sobre licitaciones amañadas.
Durante el receso parlamentario del verano, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un pedido de informes al Ministerio de Justicia para que brinde detalles de la adquisición de equipos informáticos por valor de 6.500.000 guaraníes.
Los legisladores también querían conocer el proceso de compra de alimentos para personas privadas de su libertad. Todo esto embarró las posibilidades de Barchini de manejar la inversión de los dispostivos electrónicos que de forma inicial tendrán que ser abonados por los procesados.
"Las tobilleras electrónicas están en proceso de licitación por parte del Ministerio del Interior, que será el organismo encargado en caso de que salte la alarma y se tenga que atender. Existe mucha inversión y nosotros analizamos la posibilidad de que puedan pagar para usar ese servicio, que paguen ellos y no el Estado. Estamos en ese proceso y está en manos del ministro del Interior", dijo Barchini al salir del Congreso.
De esta manera, la institución encargada de administrar el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec) será la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, es decir, de Riera. Desde el gobierno no indicaron cuándo se comenzará con el plan piloto o cómo iniciará el programa en su primera etapa.
Hasta la fecha, el Ministerio del Interior desconoce el costo real de la inversión, que se encuentra en fase de planificación, según dijeron a LPO, al igual que el equipo de monitoreo que estará integrada por oficiales en un trabajo conjunto con las comisarías.
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