Todos los sindicatos del Instituto de Previsión Social (IPS) están en pie de guerra contra el proyecto de ley de la carrera del Servicio Civil impulsado por el Gobierno. Los gremios hicieron una protesta el martes en el Hospital Central y están atentos a un eventual tratamiento exprés de la norma.

Cientos de funcionarios administrativos, médicos, enfermeros y otros trabajadores del IPS se manifestaron en la explanada del Hospital Central para rechazar el proyecto ante el temor de que la versión a tratar sea similar a la anterior, que estipulaba la eliminación de la estabilidad y la antigüedad laboral.

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Desde el Gobierno dicen que se busca establecer reglas claras para el ingreso, ascenso y promoción en el sector público y así elevar su eficiencia y jerarquizar al funcionariado. Los sindicatos salieron a la calle porque este miércoles el Senado tiene previsto tratar un proyecto para "reestructurar" el Estado, que no fue socializado lo suficiente y al parecer es la antesala para la reforma del servicio civil.

Jorge Brítez, titular del IPS, y el presidente Santiago Peña. 

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Uno de los principales cuestionamientos es hacia el artículo 8 inciso d, que dice que todo acto en la función pública que implique una afectación fiscal, presupuestaria o financiera para el Estado estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria y al cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Para los sindicatos del IPS, ese artículo afecta la capacidad que tienen los trabajadores de negociar colectivamente condiciones más favorables, limitando el gasto al 1,5% de déficit que permite la ley de Responsabilidad Fiscal. De regir una disposición similar, los beneficios reconocidos para los trabajadores del IPS, que cuenta con blindaje constitucional y convencional, no podrán ser aplicados.

Para los sindicatos del IPS, el artículo 8 de la ley afecta la capacidad que tienen los trabajadores de negociar colectivamente condiciones más favorables, limitando el gasto al 1,5% de déficit que permite la ley de Responsabilidad Fiscal

Otro artículo criticado es el 15, que dice que cumplido el periodo de prueba y hasta adquirir la estabilidad laboral (dos años), el funcionario público pasará al periodo de evaluación, en el cual deberá satisfacer requisitos, no especificados en el proyecto de ley, para alcanzar la estabilidad. Además, de no pasar la prueba, la desvinculación sería considerada de justa causa y no generará ninguna indemnización por parte del Estado.

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A su vez, los sindicatos señalan que el artículo 21 también viola varios puntos de la Constitución. Los resultados de la evaluación de desempeño servirán para tomar decisiones sobre ascensos, promociones, movilidad interna, necesidades de capacitación, estímulos no monetarios, renovación contractual y desvinculaciones. Sin embargo, a no ser específicos los parámetros de evaluación, se podrían dar arbitrariedades y la decisión siempre será favorable a la patronal, o sea, al Estado.