Varios sindicatos de la función pública están analizando crear un frente para frenar la ley del Servicio Civil impulsada desde el Ejecutivo, que busca delinear nuevas normas para los empleados estatales. Las principales crÃticas radican en la violación de la autonomÃa y de los contratos colectivos de trabajo.
Según dijeron fuentes gremiales a LPO, incluso los sindicatos que cuentan con una dirigencia en sintonÃa con el gobierno de Santiago Peña están temerosos de que el proyecto salga tal cual está redactado, porque implicarÃa sobreponer la ley de Responsabilidad Fiscal, que solo permite un déficit de 1,5% en relación con el PIB, a derechos adquiridos de los trabajadores del Estado.
Valdovinos admite que la ley del servicio civil es una exigencia del BID
El ministro de EconomÃa, Carlos Fernández Valdovinos, habÃa admitido la semana pasada en una de las audiencias públicas que el proyecto es parte de un paquete recomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para "mejorar el gasto público".
Dentro de ese paquete del BID también estaba la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aprobada en diciembre, pese a la resistencia de los sindicatos a la intención de crear un órgano que pudiera intervenir las cajas jubilatorias, que en teorÃa son autónomas.
Otra aspecto que advierten referentes del sindicalismo es que con la ley del Servicio Civil, los ministerios e instituciones públicas incumplirán los contratos colectivos, limitándolos a sus presupuestos asignados y violando de esa forma convenios establecidos con la Organización Internacional del Trabajo.
"Primero van a limitar todo derecho de sindicalización porque ponen un máximo de dos reelecciones para presidente de un sindicato. En el nombre de la democracia y la transparencia desean hacer eso, para matarte de entrada", contó una fuente a este medio.
Además, la misma fuente aseguró que, si Valdovinos no está de acuerdo con el contrato colectivo puede pedir la nulidad por ser "lesivo a los intereses patrimoniales de la República", y se le da intervención al Procurador General de la República.
Otro principio que buscan eliminar con la ley, según los sindicatos, es la estabilidad laboral, ya que convertirÃa al sector público en un reflejo de lo que hoy es el sector privado, donde nadie actualmente llega a más de nueve años de antigüedad, siendo liquidados para evitar cruzar la barrera de los 10 años.
"Los nombrados serán sometidos a controles anuales, convirtiéndose asà en contratados prácticamente. Esto va en contra de todo tipo de recomendaciones regionales que critican ese modelo, ya que la estabilidad laboral queda al arbitrio del patrón de turno", dicen desde los sindicatos.
En busca de eliminar el prebendarismo, lo que harÃa el proyecto del oficialismo serÃa enfatizar la clientela polÃtica porque solo los fieles serÃan confirmados en sus cargos, nombrados año tras año.
Si bien existen más aspectos, los gremios catalogan como nefasta la atribución que buscan dar a la máxima autoridad de una institución de poder suspender un sindicato por considerar que no está en regla. Esa posibilidad no está estipulada por los ministros, directores nacionales ni presidentes de entidades. Solo el Ministerio del Trabajo cuenta con la prerrogativa de habilitar a una organización sindical.
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