La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se enfrentan en una interna por las cláusulas ambientales que la Unión Europea busca aplicar a las exportaciones paraguayas. Las condiciones del bloque europeo, que incluso contradicen las leyes nacionales, obligan a los productores locales a adaptarse para poder posicionarse en el mercado de la UE.
El presidente de la ARP, Pedro Galli, denunció que se está tratando de instalar un "debate confuso" y defendió los acuerdos alcanzados con la UE. De hecho, la Asociación emitió un comunicado en el que aclara que los reglamentos de restricciones para la importación a Europa de siete productos no tienne nada que ver con el tratado de libre comercio entre el Mercosur y UE, que se está negociando desde hace más de dos décadas.
"Actualmente solo 335 productores están en el sistema de trazabilidad para exportar a UE y ninguno es pequeño. Desde hace casi 20 años se elaboró un sistema de trazabilidad individual del ganado (Sitrap) como requisito para poder acceder a ese exigente mercado y lograr acceso a la cuota Hilton. Además de la UE, se tiene acceso a otros mercados muy exigentes", según el texto de la ARP.
Galli destacó que sector de la carne ha logrado afianzarse en otros mercados muy exigentes que les obliga a contar con auditorÃas que certifiquen que los sistemas de producción, procesamiento industrial y protocolos de control cumplen con los estándares del servicio sanitario oficial. "Nuestro sector, con el apoyo de las instituciones públicas vinculadas, entiende que posicionarnos en los mercados más exigentes significa una garantÃa para nuestro desarrollo" expresa el comunicado.
Pero la interna también se da al interior del gobierno. El canciller Rubén RamÃrez Lezcano apuntó que las condiciones de la UE no pueden comprometer el desarrollo productivo del paÃs ni atentar contra la competitividad, mientras que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, pidió exigencias "razonables", si bien defendió la firma de un acuerdo de cooperación entre la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), que depende del Ministerio de Industria y Comercio, y la UE.
La posición de la ARP confirma la denuncia realizada por la UGP sobre acuerdos paralelos de sectores productores a través de los cuales la UE "mete por la ventana" sus exigencias. La UE impone la prohibición de exportación de todo producto paraguayo que provenga de zonas deforestadas o de aquellas donde comunidades indÃgenas hayan sido expulsadas. Giménez es partidario de acoplarse a la trazabilidad que demandan los europeos, en sintonÃa con Galli.
"Si no pueden entrar por la puerta grande su reglamento y sus condiciones, los europeos quieren meterlas por la ventana de la cooperación, que tiene tÃtulos muy lindos, difÃciles de rechazar, pero los condicionantes son los mismos que están en su reglamento", expresó a LPO Héctor Cristaldo, presidente de la UGP.
Fuentes de la Presidencia confirmaron a LPO que las negociaciones por parte de Paraguay con el canciller brasileño, Mauro Vieira, se encuentran en manos de la viceministra Patricia Frutos. Lezcano se muestra más duro con la UE y dejó en claro que el acceso al mercado europeo no se hará a costa de mandatos imposibles para Paraguay.
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La Coordinadora Agricola del Paraguay (CAP) también salió al cruce de la ARP. "La CAP rechaza los cambios propuestos por la Unión Europea en una negociación ya cerrada hace 5 años, cambios que colisionan con normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y modifican las reglas de comercio, crean barreras artificiales y afectan el desarrallo del paÃs", denunciaron en un comunicado.
"Valoramos las movilzaciones de los agricultores europeos que ven amenazado su trabajo par los conceptos establecidos en el Green Deal y esperamos que la producción europea pueda alguna vez independizarse de los subsidios que simpre generan distorsiones", continúa la CAP, que se inclina por la postura de CancillerÃa y, como un tiro por elevación, marca distancia con los de Galli y el MIC.
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