El cartismo avanza en la barrida de funcionarios técnicos del Ministerio de Salud en el departamento de Caazapá. La "limpieza" de empleados no alineados al cartismo está siendo encabezada por el diputado Avelino Dávalos, que ya destituyó a más de 20 personas por no responder a su equipo.
Entre los afectados se encuentra el ahora exdirector del Hospital de Tava'i, Roberto Vaca, quien a pesar de haber cumplido con todos los procedimientos establecidos en la ley de la Función Pública para acceder al cargo fue destituido en enero pasado. Hoy se encuentra encadenado frente a la sede del Ministerio de Salud con la intención de recuperar su puesto de trabajo.
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La ministra MarÃa Teresa Barán viene de ganarle la pulseada a Miguel Olmedo y promovió a un técnico como su nuevo número dos. El exviceministro de Atención Integral, lÃder colorado de Cordillera, lideró una conspiración en su contra para ocupar su lugar en el ministerio. Pero la titular de Salud suma ahora otro frente, donde el principal motor de conflicto es el sector partidario que puja por mayor espacio en la institución.
"Este diputado Avelino Dávalos está detrás de todo esto. Y está impulsado por el intendente colorado cartista Miguel Bogado. Yo nunca trabajé con ellos y me echan porque no soy de su lÃnea polÃtica. En mi cargo asumió la doctora Natalia Rojas que es sobrina del concejal municipal cartista Romualdo Bóveda, de la lÃnea del intendente", dijo Vaca.
De acuerdo a los datos a los que accedió LPO, la barrida no solo se da en el Ministerio de Salud, sino también en las oficinas regionales del Instituto de Previsión Social (IPS), donde los desafectados de sus puestos ya supera la decena.
"En mi departamento existe una persecución polÃtica. Un dÃa apareció mi nombre en una lista y me llega un mensaje de que tengo que ser barrido o me tengo que alienar por orden directa. No hice contacto con el diputado. Me echaron de IPS y luego me sacaron de Salud. Ahora soy un desempleado como muchos de mis compañeros", explicó el profesional encadenado.
Dávalos, exgobernador de Caazapá, enfrenta un juicio por lesión de confianza por un perjuicio de aproximadamente 30 mil millones de guaranÃes. El hecho fue detectado por la ContralorÃa General de la República a partir de pagos irregulares de obras que no finalizaron a tiempo. Nunca se aplicaron las multas a las empresas que debÃan entregar las obras en la fecha estipulada por contrato.
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