Mauricio Macri quiere un impuestazo para financiar la red de subte que controlará luego de transcurrido un año de haber firmado el acta acuerdo con Julio De Vido por la que aceptaba el traspaso que desconocería semanas después.

El gobierno porteño se manejó con un hermetismo rayano con lo ridículo para presentar el proyecto en la Legislatura, una acción que demorará hasta la mañana del martes.

El equipo de comunicación del gobierno de Macri decidió citar de a uno a periodistas de Clarín, La Nación y Perfil en reuniones con Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Néstor Grindetti, para anticiparles los lineamientos del proyecto que no presentaron esta tarde para que el resto de los medios no pudiera tener acceso desde la mesa de entradas de la Legislatura.

El PRO no optó por el modo siempre más democrático y simple como una conferencia de prensa, ignorando que en el siglo XXI con las redes sociales ya no sirve guardar primicias para los diarios. Sin embargo, LPO pudo averiguar los puntos principales de la norma.

En eso ayudó en parte el legislador Martín Ocampo, que manejaba el proyecto junto al Ejecutivo y se pegó una vuelta por la sala de periodistas de la Legislatura para comentar algunos datos de los que ni siquiera sus compañeros de bancada estaban al tanto.

En primer lugar, Macri quiere aumentar varios impuestos para financiar subte, que no tendrá más subsidios del Gobierno nacional, que el 3 de enero dejará de aportar los 30 millones por mes que abonó durante este año.

Como hizo José Manuel De la Sota en Córdoba, Macri quiere imponer una tasa vial que aumentará 40 centavos promedio por litro de nafta. También aumentará 5 por ciento el impuesto a las patentes de los autos de alta gama, pese a que en un principio se había descartado un aumento a las patentes.

Y también sacudirá el bolsillo de los automovilistas con el aumento del 10 por ciento de los peajes que cobra la empresa estatal Ausa en las autopistas de la Ciudad.

Con este impuestazo, Macri quiere postergar un inevitable aumento de la tarifa. Además, como pudo saber LPO, el Ejecutivo porteño quiere aplicar una tarifa social en un gesto demagógico para correr por izquierda al kirchnerismo.

Por otro lado, en el proyecto se prevé el estado de emergencia del subte, que le otorgará la facultad extraordinaria a Macri de reasignar partidas a su antojo.

Menos negocios para Roggio

Uno de los puntos más importantes que incluye el proyecto es que el contrato de concesión que Nación tenía con Metrovías hasta el 2017 dejará de existir.

En el expediente se le da al Grupo Roggio un plazo de 90 días para manejar el subte junto a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Luego de ese período, el gobierno porteño tendrá la opción de estatizar el servicio y manejarlo mediante la empresa estatal que preside Juan Pablo Piccardo, renovar el contrato con Metrovías, o firmar un nuevo contrato con otra empresa.

El gobierno porteño no podía deshacerse de Roggio a partir del primero de enero y prefirió establecer un período de tres meses para analizar de manera fehaciente los números que acarrea tener el control del subte.

Además, se le quitará al Grupo Roggio la explotación de la publicidad dentro de los vagones, la seguridad y los locales de las estaciones, y el control del tendido de fibra óptica que el holding maneja a través de la empresa Metrotel.

Por otro lado, como el contrato que Roggio tiene con Nación también está unido al contrato de concesión del ferrocarril Urquiza, el gobierno porteño revisará en estos 90 días cuánto es el monto que recibe en calidad de subsidio por esa línea de tren.

La intención del gobierno porteño es que tanto el Urquiza como las 33 líneas de colectivo que transitan exclusivamente en la Ciudad, sean manejadas por la Agencia Metropolitana de Transporte que creó Florencio Randazzo.