Los empleados del Congreso que están en edad de jubilarse recibieron este mes el telegrama para que inicien el trámite, una carta que significa un alivio en otros rubros pero en este caso desató una rebelión.

Es que una buena parte de esos agentes no quieren jubilarse porque pasarían a recibir sólo un 50% de sus haberes.

Así se lo hicieron saber a las autoridades de la Asociación de Personal Legislativo (APL), que trastabillaron en todos los intentos de reflotar la movilidad jubilatoria.

“La ley es clara: cuando llega la edad tienen que jubilarse hay que intimarlos a que lo hagan. Mucho no podemos hacer”, se resignó el dirigente de APL Fabián Zaccardi, en diálogo con LPO.

Con la inflación y los aumentos salariales, cada año que pasa el defasaje entre las jubilaciones y los salarios fue agrandándose. Fue por eso que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 no dudan en extender cinco años sus funciones y ni se escucha hablar de una jubilación anticipada.

“No se puede bajar tanto el status de vida. En algunos casos la jubilación es del 47%”, confesó a LPO un empleado que recibió el telegrama, que partió desde las oficinas de recursos humanos del Senado y Diputados después de sancionado el presupuesto.

Los que tienen cercanía con las autoridades de las Cámaras optaron por acercarle esta inquietud, pero muchos de los otros fueron al gremio. “Nos piden si tenemos algún puestos o lugar para seguir”, contó Zaccardi.

En APL calculan que hay unos 3000 empleados en el Senado y aproximadamente 5000 en Diputados pero desconocen cuantos son avanzados en edad.

La queja más grande en esta franja etárea es que recuerdan que hace tres décadas la jubilación del 82% móvil existía y luego desapareció. No ocurrió lo mismo en otras provincias como Buenos Aires, donde los empleados se jubilan gustosos.

El último intento por restablecer este sistema lo hizo Julio Piumato, quien pretendía extenderlo también para su gremio de judiciales. Pero en el semestre que duró su paso por Diputados ni siquiera lo pudo hacerlo mover de la Comisión de Trabajo.

En 2010 el Congreso sancionó una ley para universalizar el 82% móvil, con el desempate de Julio Cobos en el Senado. Pero Cristina Kirchner la vetó.