La real situación financiera del Pami que conduce Luciano Di Cesare, empieza a ser motivo de preocupación entre los prestadores que ven un escenario conflictivo hacia final de año. "El Pami entra en cualquier momento en déficit, no sería extraño que para fin de año vuelven las suspenciones de pagos", afirmó resignado a LPO un importante prestador de la obra social de los jubilados.
De hecho ya comenzaron a observarse señales que hablan de un ajuste en los gatos, en este caso golpeando sobre los beneficios de un sector tan desprotegido como son las personas con discapacidad.
Es que el gobierno detrás de un discurso de transparencia y ordenamiento, según denuncian los prestadores, está aplicando un durísimo ajuste al sistema de salud, que intentó aplicar mediante la resolución 1200/2012 de la Superintendencia de Salud y que ante la presión gremial de la propia CGT oficialista, tuvo que suspender.
Si bien la norma lleva la firma de la superintendenta Liliana Korenfeld, en el sector saben que el verdadero ideólogo de estas reformas es Di Cesare, que hace meses viene trabajando un ambicioso plan para quitarle a los sindicatos los recursos de las obras sociales.
De hecho, en una entrevista con LPO, el líder de Luz y Fuerza, oscar Lescano, afirmó que "Si Di Cesare sigue jodiendo le vamos a meter 20 mil personas en el Pami".
Todavía la amenaza de Lescano no se concretó, pero quienes ya convocaron a una marcha para el próximo martes son las organzaciones que trabajan con discapacitados y que ven peligrar su actividad por la resolución suspendida.
Obra Don Orione, AIEPESA, ASAC, CAIDIS y FENDIM convocaron hoy a personas con discapacidad, instituciones, familiares y amigos, a una marcha el día Martes 30 de Octubre a las 10.30 hs. en Diagonal Norte y Florida para reclamar frente a la Superintendencia de Servicios de Salud y al PAMI por "la defensa de la asistencia, educación y salud de las personas con discapacidad".
Estas entidades alertaron que la resolución cuestionada solo está suspendida hasta el 30 de noviembre en su aplicación, pero continúa vigente.
"No permitiremos el desfinanciamiento del sistema de atención a personas con discapacidad", advirtieron estas organizaciones, quien señalaron que el mismo día, a las 11 AM, realizarámn otra movilización en la ciudad de Córdoba capital, frente al Patio Olmos.
El comunicado aclara que la marcha no se suspende por lluvia y advierte que está en rieso la atención de 100.000 personas.
El petitorio
"Exigimos la derogación de la resolución 1200/12 que desconoce prestaciones reconocidas por la Ley, desfinanciando el sistema de atención a personas con discapacidad. Exponiendo a las mismas a quedar sin atención o a que sus familias afronten los costos", señalan las organziaciones en el comunicado.
Y denuncian que organismos obligados por la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas (en salud, asistenciales y educativas) a asegurar la atención de las Personas con Discapacidad toman decisiones y dictan resoluciones contrarias tanto a lo que establece la mencionada Ley; como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) que Argentina suscribió.
Advierten además que la cuestionada resolución pone en riesgo "a niños, jóvenes y adultos con discapacidad de todo el país". En concreto podrían verse afectadas prestaciones como "Estimulación Temprana, Escuelas, Integración, Residencias, Hogares, Centros de Día, Centros Educativo Terapéuticos, Prestaciones de Apoyo, Transporte y otras actividades".
Las organizaciones incluso denuncian una maniobra de Korenfeld para no reconocer las prestaciones. "La Superintendencia de Servicios de Salud no resuelve la inscripción, a pesar de los reiterados reclamos, en su Registro de Prestadores de las instituciones de discapacidad; colocándolas en una situación vulnerable, ante las Obras Sociales. Se utiliza esto para no otorgar o no renovar las ordenes de atención de los afiliados con discapacidad, dejándolos así sin prestaciones", señalaron.
Mientras que "el Pami no reconoce los valores de las prestaciones fijadas por el Ministerio de Salud en el Nomenclador del Sistema Único. Abona discrecionalmente valores inferiores. Coloca a las instituciones prestadoras de servicios en una situación crítica".
Y concluyen que el organismo que dirige Di Cesare "deja a sus afiliados sin protección, ya que nuevamente ha roto la cadena de pagos de las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad".
