Tras la disolución del APE, que finalmente quedó bajo el control de la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, el Gobierno avanzó con la reestructuración de ese organismo, sus funciones y el destino de sus partidas. Pero a los pocos días, las múltiples críticas -de diversos sectores- obligó a la Casa Rosada a suspender la medida.

A traves de la resolución 1200, firmada por Korenfeld, se creó el Sistema Único de Reintegro (SUR), que reemplazaría a la polémica Administración de Programas Especial (APE), organismo que fue disuelto en medio de denuncias por corrupción, desvíos de fondos y tensiones con las obras sociales de los gremios.

La medida estableció nuevos requisitos, más estrictos, para que las obras sociales acrediten los tratamientos de alta complejidad o crónicos que brindan sus beneficiarios. Y encarecía los costos para los tratamientos que brindaban los sindicatos.

"Pusimos el grito en el cielo, porque sacaron la resolución de manera inconsulta. Les planteamos que si esto se mantenía íbamos a salir todos los gremios a las calles a protestas. Nos dijeron que se frenaba hasta el 30 de noviembre", planteó Oscar Lescano, titular de Luz y Fuerza.

"De estas resoluciones siempre está al frente Luciano Di Césare, que no sabemos que problema tiene con nosotros. Pero si estas medidas seguían adelante, le íbamos a plantar 20 mil trabajadores en la puerta del PAMI", amenazó el sindicalista, en diálogo con este medio.

Una de las irregularidades que más impacto mediático generó durante la gestión de APE fueron las partidas destinadas a atenciones para personas que superaban ampliamente los 100 años de edad, o incluso para beneficiarios que ya habían fallecido.

Bajo ese argumento, la resolución derogaba "toda vía de excepción en la tramitación de reintegros". Ni siquiera los pacientes crónicos, como los casos de discapacidades, quedarán excluídos. Es decir quel el SUR estudiará caso por caso, no importa qué patología se tenga.

Es decir, un chico con discapacidad permanente no quedaría excento de todos los trámites para conseguir los reintegros de cada uno de los tratamientos que tendrá que hacer de por vida. El nuevo organismo SUR estudiará caso por caso. "Es burocracia pura para no soltar esos fondos", repetían los gremios.

"En la práctica funciona como un mecanismo restrictivo sobre los reintegros de todos los tratamientos severos o crónicos, como los de discapacidad. En concreto, lo que hace la resolución es meterle mucha burocracia para trabar el pago de esos subsidios a las obras sociales, que a su vez van a cortar los tratamientos a los beneficiarios, los principales perjudicados de todo esto", explicó a LPO uno de los asesores técnicos del FAP.

En las últimas horas, Victoria Donda, diputada por ese bloque, repudió la medida: "En caso de mantenerse esa política, miles de discapacitados quedarán sin escuela, transporte y atención por parte de sus especialistas tratantes, a pesar de que la ley de discapacidad les garantiza una cobertura del 100%. Mientras tanto que se niega este derecho, el gobierno nacional, por ejemplo, gasta millones en Fútbol Para Todos".

Desde su bancada, explicaron a LPO que desde el oficialismo intentan justificar esta medida bajo el argumento de que le imprime mayor transparencia. "Pero lo cierto es que es un ajuste encubierto, porque, en primer lugar, si con el APE hubo casos de corrupción, nadie puede negar que tuvo que haber connivencia del Estado. En ese sentido, no está bien que paguen justos por pecadores. Ahora a los beneficiarios se les complicará la atención gratuita y nadie garantiza que este sistema sea más transparente".

En el FAP aseguran que es correcto intentar corregir esos desajustes que permitieron que personas fallecidas o con más de 120 años cobraran reintegros por tratamientos inexistentes. Pero el error de esta resolución es "encorsetar" el sistema que perjudica al beneficiario.

"Controlar a los que reciben tratamientos crónicos con subsidios automáticos tampoco debería ser tan difícil. Se supone que existen números de contactos para chequear. Si nadie llamó a un hombre de más de 120 años o una persona muerta para controlar qué pasaba, uno puede suponer que había connivencia", explicaron a este medio.