A principios de mes, la Superintendencia emitió la resolución 1200/12 que crea el Sistema Único de Reintegros (SUR) que viene a reemplazar a la cuestionada APE que fue disuelta en medio de sospechas de corrupción.

Pero en el fárrago de resoluciones cruzadas que se emitieron, se dejó prácticamente sin prestaciones a los discapacitados. Es que la resolución 1200 modifica aspectos esenciales de la ley 24.901 de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

Esto motivó una airada respuesta de las dos CGT tanto la que lidera Hugo Moyano como la oficialista de Antonio Caló y el gobierno "suspendió" por 30 días la aplicación de la norma.

Ante la amenaza que esta resolución vuelva a cobrar vigencia, organizaciones que trabajan con chicos descapacitados marcharon a la Superintendencia de Salud y al Pami, donde denunciaron además que se cortaron los pagos a los prestadores.

La medida fue firmada por la titular del organismo, Lilina Korenfeld, aunque el cerebro de la reforma es el titular del PAMI, Luciano Di Cesare, que avanza en el plan de quitarle fondos de obras sociales a los sindicatos.

En ese marco, los representantes de AIEPESA, CAIDIS y Obra Don Orione se reunieron el lunes con la titular de la Superintendencia de Salud, Beatriz Korenfeld y la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Raquel Tiramonti, para llegar a un entendimiento. Allí, la titular de la Superintendencia prometió una nueva resolución que dejará afuera al sector de discapacidad.

“No se cuanto llevará, no se el tiempo del Estado. Nos juntamos el viernes y el lunes ya estábamos trabajando, con lo cual se ve que tienen ganas. De hecho la 1200 está suspendida por lo que ninguna obra social debería generar inconvenientes”, le dijo a LPO Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De todos modos, las organizaciones decidieron continuar con la marcha de hoy porque “hay constantes demoras y cortes en el financiamiento de obras sociales nacionales y provinciales, el PAMI, entre otros incumplimientos, no reconoce el nomenclador nacional, y existe una decisión de obras sociales de no renovar prestaciones para el 2013 en virtud de la reciente Resolución 1200 de la Superintendencia de Salud”.

Además, fuentes de las organizaciones señalaron que la marcha fue convocada porque “deberían habernos llamado antes de la resolución”. “Nos consultaron tarde”, se quejaron desde las entidades.

Unas 8 mil personas se congregaron en Florida y Diagonal norte, marcharon hacia la Superintendencia pero también hacia la sede del PAMI donde le dejaron un petitorio a Di Cesare.

“Di Cesare no nos recibió aunque no pedimos que nos reciba, la idea era dejar el petitorio. Vamos a ver que pasa, esperemos que tengan las ganas de dar una respuesta, no se está pidiendo nada imposible. Si el Pami puede prestarle dinero al Estado puede pagar las prestaciones”, recalcó Molero. El jueves, el organismo y las entidades podrían verse las caras en una reunión.