En un hecho que marca un nuevo impulso a las causas en la que se investiga la desaparición de personas en Jujuy durante la última militar y la complicidad de civiles, el juez subrogante Fernando Poviña ordenó varios allanamientos de la empresa Ledesma.
Según los letrados de los organismos de Derechos Humanos dichos allanamientos habrían arrojado pruebas de las vinculaciones entre los crímenes y la familia Blaquier. El próximo paso que esperan los querellantes es que el juez acepte el pedido de indagatoria para dueño del imperio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.
De acuerdo a un cable de la agencia Télam, uno de los allanamientos fue en las instalaciones que la empresa tiene en la ciudad de Libertador General San Martín pero no se encontraron elementos de relevancia para las causas.
Sin embargo, en el inmueble de la empresa ubicado en el barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy, se halló documentación que podría aportar información relacionada con los hechos que se investigan en las causas por la desaparición y secuestro de las víctimas de “La Noche del Apagón" (causa Burgos) y otras incluidas en la causa "Arédez". Ese domicilio había sido fijado por los abogados de Alberto Lemos y Mario Paz, quienes eran administrador y gerente de personal respectivamente en los tiempos de la dictadura.
En ese sentido, el abogado de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Pablo Pelazzo, aseguró a LPO que en ese último domicilio “se encontraron legajos” de trabajadores de Ledesma que habrían sido secuestradas en “La Noche del Apagón”. Estos elementos podrían incorporarse a las causas antes mencionadas.
“Es el primer allanamiento en siete años y lo importante es que la documentación se recogió en los domicilios que los abogados de la empresa habían declarado” insistió. La querella pidió que declaren como testigos 39 ex empleados de Ledesma.
¿Malas nuevas para Blaquier?
Lo cierto es que el movimiento en la investigación por la Noche del Apagón se no podría haberse encaminado sin un cambio de jueces. Jaqueado por las denuncias en el Consejo de la Magistratura por directamente paralizar las causas, el juez Jorge Olivera Pastor decidió apartarse y renunciar.
De todos modos, ahora Poviña deberá decidir si da un paso fundamental y es si llama a indagatoria a Blaquier, principal apuntado por la privación ilegal de la libertad de las víctimas. El pedido de indagatoria fue realizado en febrero de este año por el fiscal Domingo Batule pero Olivera Pastor se mantenía reacio a concretarla.
“Creemos que ya hay pruebas suficientes como para que se lo llame. Además, tenemos el testimonio de decenas de sobrevivientes que pueden aportar muchos datos a la causa”, confió Pelazzo.
