Esta mañana más de un dirigente de la oposición porteña desayunó leyendo la tapa del diario Libre, en la que se daba cuenta de que Mauricio Macri había renovado el convenio de juego entre la Ciudad y la Nación, beneficiando así al zar del juego kirchnerista, Cristóbal López.

Para que la renovación se hiciera efectiva, Macri no debió hacer nada, sino mantener el silencio justo durante las campañas entre la primera y la segunda vuelta de los comicios porteños.

Es que la renovación se dio de forma automática: como establece el artículo segundo de la ley nº 1182, el convenio entre Lotería nacional y el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “tendrá una vigencia de cuatro (4) años a partir de su aprobación, y se considerará prorrogado por períodos iguales en tanto las partes no manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento veinte días de anticipación al respectivo vencimiento”.

Fuentes del mundo del juego explicaron a La Política Online que esa ley convenio, impulsada por Aníbal Ibarra, fue aprobada por la Legislatura porteña el 13 de noviembre de 2003, promulgada por el entonces jefe de gobierno el 27 del mismo mes y publicada en el Boletín Oficial el primero de diciembre de ese año.

Y como se trata de una “cláusula gatillo”, que se activa sola si ninguna de las partes quieren cambiar el estado de las cosas, al pasar tanto el mes de julio como los primeros días de agosto, ya se superó el plazo de 120 días anteriores al vencimiento del convenio, estipulado entre el 13 de octubre y el primero noviembre de 2011.

Con la renovación automática y silenciosa, el jefe de gobierno esquivó de esa forma dejar en evidencia su acuerdo de complicidad con el kirchnerismo por el juego.

Como explicó este medio, en reiteradas ocasiones, Cristóbal López explota los dos Barcos Casino y las 4000 tragamonedas del hipódromo de Palermo, gracias al decreto que Néstor Kirchner firmó antes de dejar la presidencia para cederle el control de la casa hasta 2032.

Ese número representa el conjunto más grande de tragamonedas del mundo, muy superior a los Casinos de Europa y Las Vegas y le deja a López y a Federico Achával –el socio de Cristóbal que tiene la concesión– una ganancia tan desmesurada que su influencia atraviesa las disntintas estructuras partidarias como si fueran hojas de calcar.

Cooperación y negligencia

La pregunta que recorrió el ámbito político porteño durante todo el día fue: ¿por qué la oposición no dijo nada?

“Los legisladores que no están comprados no tienen ni idea”, resumió cabizbajo y resignado un diputado de la oposición que quiso mantener su identidad bajo reserva.

Una situación similar se había vivido el pasado 16 de junio, cuando en una sesión escandalosa el macrismo y el bloque peronista que conduce Diego Kravetz hicieron todo lo posible para frenar un proyecto de Daniel Amoroso para prohibir los cajeros automáticos en las salas de bingos y sus alrededores, beneficiando a Cristóbal y a Daniel “Tano” Angelici, el otro socio de Macri con el juego.

El único diputado que salió a hablar hoy fue Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. En primer lugar, el legislador explicó el mutismo en la oposición y los medios.

“Ni los diarios hablaron, porque todos cuidan a su candidato, tanto Clarín, como La Nación y Perfil, que publicó esto hoy, pero ya es tarde”, afirmó Sánchez a La Política Online y aclaró que el PRO y el PJ no dijeron nada porque son los principales “destinatarios del negocio”.

Sánchez indicó que la Coalición Cívica fue la única fuerza que hizo público su repudio en contra de la renovación del convenio. En ese sentido, explicó que él mismo presentó un proyecto para terminar el convenio y María Eugenia Estenssoro advirtió por TN en el debate de candidatos a jefes de gobierno que el convenio se iba a renovar automáticamente si nadie se oponía.

“La Legislatura debía apoyar mi proyecto para terminar con el convenio, pero ahora ya es tarde”, afirmó Sánchez y explicó que “es todo pérdida para la Ciudad”. Es que para este año, la Ciudad espera recibir 260 millones de pesos por el juego y para el diputado de la Coalición Cívica eso representa una pérdida de aproximadamente 1000 millones de pesos, “que es lo que habría que cobrar con un canon como el que corresponde”.

El jefe de gobierno no quiso negociar un nuevo canon puesto que el tema en ese caso sí hubiera salido en los medios y podría haber impactado en su campaña.

“Macri no quiere problemas con Cristóbal López”, apuntó el legislador y agregó que el jefe de gobierno “se dice opositor pero le regala el negocio a los testaferros de los Kirchner”.