En la Ciudad de Buenos Aires se está viviendo un caso inédito en el mundo, en el que los recaudadores del Estado no tienen un entusiasmo evidente por cobrar una suma multimillonaria.

El histórico fallo de la Corte Suprema que le devuelve a la Ciudad el control sobre el casino flotante de Puerto Madero y por ende le permite cobrar impuestos en esa lucrativa actividad tras 12 años de impedimentos judiciales, le trajo al macrismo más incertidumbre que algarabía.

Curiosamente, en la AGIP (Rentas de la Ciudad) que dirige Carlos Walter, estiman que necesitarán no menos de 6 meses para calcular lo que le deben a la Ciudad los casinos de Puerto Madero y el hipódromo de Palermo, de manera retroactiva por los 12 años sin pagar impuestos.

La gallina de los huevos de oro 

Cada una de las 5600 tragamonedas que hay en el hipódromo de Palermo y los dos buques casino tienen una ganancia diaria de 300 dólares.

Eso representa una ganancia de más de 2500 millones de pesos por año.

Esas salas de juego pertenecen al zar kirchnerista de las tragamonedas, Cristóbal López y su socio Federico Achával, que tienen una muy buena relación con Mauricio Macri a través de sus socios José Torello y Nicolás “Nicky” Caputo.

Por el momento, lejos de festejar el fallo de la Corte, en el macrismo se manejan con extrema cautela. Hoy le enviaron una intimación a Cristóbal para que regularice su situación fiscal.

Cristóbal tiene 5 días hábiles para contestar cuánto dinero ganó desde que Néstor Kirchner le habilitó la entrada al negocio del juego en la Ciudad, gracias a un convenio que firmó el gobierno de Aníbal Ibarra en 2003 con Lotería Nacional, que dejó que los casinos siguieran siendo jurisdicción federal.

Nuevo presupuesto

En el gobierno porteño nadie se anima a estimar una cifra, que difícilmente sea facilitada por Cristóbal López en los próximos 5 días hábiles. Pero en la oposición ya se animan a tirar un número.

“Macri le debería sacar no menos de 1000 millones de impuestos y 2000 millones de canon por año”, señaló el legislador Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, a La Política Online.

El legislador agregó que en el caso del juego, “no se trata de un kiosco que genera sus ganancias y paga impuestos, sino que la riqueza es del Estado, por lo que Cristóbal López no sólo debería pagar impuestos sino una parte importante de lo que gana”.

Sánchez indicó que “la Corte puso las cosas en su lugar” y que Ibarra, Jorge Telerman y Macri “nunca quisieron verificar, por común acuerdo, cuánto se recauda en realidad” en materia de juego.

“Pero lo que hizo Macri y los medios dejaron pasar fue renovarle el convenio a Cristóbal por cuatro años más”, advirtió el diputado porteño y añadió que el Estado debería recuperar la explotación del juego, como sucede en las 23 provincias, lo que le dejaría “muchísima más plata que sólo recaudando impuestos”.

El legislador comparó la situación con el Aeroparque Jorge Newbery o la Universidad de Buenos Aires, que si bien son de jurisdicción federal, pagan impuestos municipales. “El macrismo no tiene ningún inconveniente en cobrarle impuestos a la UBA”, ironizó.

Sánchez fue más allá y advirtió una cuestión por demás interesante, que aún no fue mencionada en el gobierno porteño. Como la Corte habilita a la Ciudad a cobrarle impuestos a los casinos, el gobierno porteño tendrá, además de la multimillonaria suma del cobro retroactivo de Ingresos Brutos por los 12 años de evasión, un importante ingreso extra para sus arcas a partir del año que viene.

Para Sánchez, esto no puede ser obviado en el Presupuesto 2012 que se está tratando en estos días en la Legislatura. Es decir, que para el legislador de la Coalición “a partir de este fallo deberían modificar el Presupuesto 2012, para prever los ingresos del año que viene por el cobro de este impuesto y por el cobro de la deuda, ingresos que serán diferentes a los que se pautaron en la ley que se está tratando”.

Mañana finaliza la ronda de visitas de los ministros de Macri a la Legislatura para explicar el Presupuesto. La última palabra la tendrán el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti y Carlos Walter, de la AGIP. Los legisladores tendrán la oportunidad de evacuar sus dudas.