El escándalo por la represión del lunes pasado a vecinos que protestaban contra la instalación de una subestación eléctrica de Edesur en Berazategui sigue sumando nuevos capítulos. A la violencia con la que actuó la Policía Bonaerense –que dejó varios heridos- se añade que ni la Provincia ni el Municipio se hacen cargo de la orden de desalojo y cargan las culpas contra la Justicia. No sólo eso: médicos del hospital Evita Pueblo denunciaron presiones para que los lastimados en la refriega no sean registrados y no se les entreguen certificados médicos.

En la fría madrugada del lunes, unos 40 integrantes de la “Asamblea por la Vida” acampaban en 21 y 145 cuando la Policía, que mantiene cercado el parque eléctrico donde los obreros están haciendo los últimos trabajos de conexión, comenzó a desalojarlos con una violencia muchas veces vista por parte de los efectivos.

El resultado fue de al menos dos heridos de gravedad. Según contaron a LPO miembros de la asamblea, una mujer resultó con una fractura de brazo y un adolescente sufrió también la fractura de una pierna. Otro miembro fue atendido por traumatismo de cráneo.

Sin embargo, según denunciaron los vecinos, la atención en el hospital Evita Pueblo dejó mucho que desear. En principio, las ambulancias tardaron 40 minutos en llegar al lugar y luego las autoridades del hospital se negaron a registrar a los 20 vecinos que fueron atendidos. Tampoco se les extendió un certificado sobre su estado de salud. “Hubo orden directa de –el secretario de Medio Ambiente y ex intendente- Juan José Mussi de reprimir y de no atender a los heridos. Esto parece la dictadura”, dijo uno de los médicos del hospital a LPO que prefirió el anonimato.

En tanto, para el dirigente de la CTA local Fernando Bovero “hay un tema muy complejo”. “Sin certificados, sin registros, es muy difícil trabajar así”, resaltó.

Sin embargo, la principal incógnita es quién dio la orden de reprimir. Y ahí ni Mussi ni el ministro de Seguridad de la Provincia, Ricardo Casal, se hacen cargo del tema y ambos echan las culpas sobre la Justicia.

“No tenemos nada que ver. Esto fue a raíz de una orden del juez (Adolfo Gabino) Ziulú que semanas atrás dijo que la estación se tenía que conectar y que había que desalojar. No tenemos poder sobre la Policía”, dijeron desde el círculo íntimo de Mussi.

Casal tampoco se hace responsable del tema. Una fuente del Ministerio le dijo a LPO que “Ricardo no estaba ni enterado del tema”. “Es más, ese día se tenía una reunión con Patricio (Mussi, hijo de Juan José e intendente interino) y se tuvo que suspender porque le tomaron la Municipalidad”, señaló la fuente. O sea, Casal tampoco dio la orden y los vecinos insisten con que nadie les presentó el acta de desalojo. LPO intentó comunicarse con Ziulu pero no recibió respuesta alguna.

Para Mussi, la protesta se “politizó desde un primer momento”. “Es una asamblea que está liderada por el Partido Obrero y Libres del Sur. Es más, cuando hicieron la marcha a la Secretaría estaba Vilma Ripoll. Es mentira que hubo presión a los médicos y es mentira que hubo heridos”, señaló uno de sus colaboradores.

Además de responsabilizar a la Justicia también aseguran que “el tema está agotado”. “Juan José firmó un decreto parando la obra pero después la Universidad de La Plata hizo estudios que comprobaron que la subestación no contamina. Los vecinos se basan en lo que pasó en Ezeiza pero ahí había transformadores con PCB, cosa que en este caso no se repite”, señalaron las fuentes de la Secretaría.