El gobierno de San Juan pidió hoy a la Justicia Federal que declare la inconstitucionalidad" de la Ley de Protección de Glaciares, por considerar que "invade" la competencia provincial "al disponer sobre recursos naturales sobre los que tiene derecho" el Estado local.

La presentación se hizo ante el juez Federal Miguel Ángel Gálvez, pero se estima que la causa terminará en la Corte Suprema.

El jefe de asesores del gobierno sanjuanino, Guillermo de Sanctis, explicó que la norma sancionada meses atrás por el Congreso se contrapone con el artículo 113 de la Constitución provincial, cuyo texto destaca que el Estado nacional "no puede disponer sobre recursos naturales" del distrito.

La ley nacional, según expresó De Sanctis, tampoco puede tomar disposiciones sin una autorización legal de la provincia, una situación jurídica que no ocurre.  Para el funcionario, la ley es inaplicable y, por lo tanto, "inconstitucional".

"San Juan tiene un abundante derecho público provincial por el cual regula la gestión y la actividad minera, las actividades productivas y la gestión de proyección ambiental, y esas leyes provinciales están siendo agredidas por esta ley nacional", consideró De Sanctis en declaraciones a Radio Colón.

La presentación realizada hoy por el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja fue firmada por el fiscal de Estado, Mario Díaz, quien adelantó que "seguramente será la Corte Suprema de Justicia" la que "tendrá que resolver" la cuestión.

Al respecto, Díaz señaló que la Procuradoría del Tesoro "deberá ser desplazada de la competencia" de intervenir en un reclamo que realiza un Estado provincial en contra de una ley nacional como la que defiende los Glaciares.

Luego de concretar el reclamo judicial, San Juan, se convirtió en el primer gobierno provincial que realiza el pedido de inconstitucionalidad de la norma. El proyecto de protección de los glaciares y su ambiente periglaciar fue convertido en ley por el Senado nacional el 30 de setiembre pasado.

La iniciativa contempla mayores exigencias a la explotaciones mineras de las regiones próximas a las fuentes de agua situadas en la zona cordillerana.

La iniciativa había sido aprobada a fines de 2008 por el Congreso Nacional, pero la presidenta Cristina Fernández la vetó. Tras la nueva sanción de la norma, Gioja anunció que seguiría trabajando para defender la minería, uno de los principales emprendimientos económicos de la provincia cuyana.