No habló de droguerías, ni de troqueles adulterados. Esta vez, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña se refirió al negocio de la recolección de la basura; el contrato más caro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, dijo, se esconde un oscuro pacto que beneficia al líder de la CGT y titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.

“La licitación de la zona 7 es la puerta que le abrieron a Moyano para que se meta de lleno en el negocio de la basura”, denunció Ocaña frente a LPO y explicó: “tal como fue diseñado el pliego, a las empresas que ganaron se les permite subcontratar y como no tienen la tecnología que se les exige, podrán hacerlo con Covelia, la firma recolectora que pertenece a Hugo Moyano”.

La llamada “zona 7” es un predio de 1.572 cuadras ubicado entre los barrios de Liniers, Villa Luro y Mataderos. No existía como “zona” hasta mediados de este año, sino que integraba la zona 5, cuya recolección de residuos era tarea del Estado, a través del Ente de Higiene Urbana. La nueva delimitación fue creada “con la intención de mejorar la recolección y la limpieza de las veredas”, según dijeron las autoridades porteñas.

La licitación para esta “nueva” zona la ganó una UTE comprendida por las empresas Ashira y Martin y Martin; una alianza de firmas que ya presta servicios en la localidad de San Martín. En este caso, el contrato firmado por la Ciudad prevé una extensión de un año –con opción a prórroga por seis meses- a cambio de 56,4 millones de pesos.

Según precisaron a LPO fuentes del sector, las empresas Ashira y Martin y Martin serían propiedad del líder de Camioneros. Para Ocaña, a su vez, es grave el vacío legal que establece el pliego y que permite la subcontratación de Covelia, la empresa de Moyano que se ocupa de la recolección de residuos en gran parte de los municipios bonaerenses.

De acuerdo al análisis que hizo la ex titular de Salud, en el pliego de la zona 7, bajo el título de “prohibición de transferencia de contrato”, se permite la situación exactamente contraria con un dictamen de la Procuración de la Ciudad; a través de una redacción ambigua que puede dar lugar a algún tipo de manejo respecto del verdadero titular de la zona.

También en el pliego se prevé que los camiones no podrán tener más de dos años de antigüedad y que al menos, el 60% del parque móvil deberá ser propiedad del contratista. Pero para el resto de los camiones, se indica que podrán subcontratarse.

Para Ocaña, lo sucedido con la zona 7 fue un guiño a Moyano, de cara la licitación que el gobierno porteño encara para toda la Ciudad, con un contrato que ronda la imponente cifra de 1600 millones de pesos; y cuya apertura de sobres está prevista para mediados de diciembre.

Respecto de su denuncia, Ocaña precisó que al plantearle sus cuestionamientos al ministerio de Espacio Público que llevó adelante la licitación de esta nueva zona, técnicos de esa cartera le respondieron, escuetos: “Ya sabemos todo, pero es una orden de arriba”.