Con el título "Denuncian "retornos" y una maniobra legal para habilitar recitales en bares porteños", La Política Online advirtió el 17 de mayo pasado que el macrismo estaba tolerando "una forzada interpretación de la Resolución 1010, sancionada durante la gestión de Aníbal Ibarra", utilizada por "la Agencia de Control Gubernamental porteña para permitir la realización de recitales y shows en lugares no habilitados para ese fin".

Incluso se publicó textualmente que había denuncias de "pago de coimas para concretar el mismo tipo de corrupción que hizo posible la tragedia de Cromañón".

Se advirtió entonces que "desde bares, restaurantes y boliches hasta estadios y clubes. No importa si se trata de un lugar cerrado o abierto, público o privado, destinado a espectáculos deportivos o culturarles. En la Ciudad de Buenos Aires, para organizar un recital o cualquier otra actividad que implique gran convocatoria de público, solo se necesita una autorización especial que otorga el Gobierno porteño a través de la Agencia Gubernamental de Control".

En ese momento el organismo lo dirigía Raúl Oscar Ríos, un funcionario sin título profesional que llegó al cargo más sensible de todo el organigrama porteño con el único antecedente de manejar la agrupación de Macri en Boca.

Luego de esa nota ocurrió la tragedia de Villa Urquiza y a Macri no le quedó otra que echarlo. Pero debajo de él la estructura denunciada por corrupta permaneció incólumne.

En aquel artículo LPO ya advertía que testimonios de los propios trabajadores de la Agencia hablaban del pago de "retornos" para conseguir las habilitaciones, un mal endémico de las administraciones porteñas que se creía superado luego de Cromañón.

Y se daban nombres de funcionarios que aún hoy continúan en el cargo.

"Para realizar recitales y shows en vivo, los propietarios de los bares y boliches porteños necesitan el visto bueno del director General de Habilitaciones y Permisos, Martín Farrell, un funcionario cercano al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, Fabián Rodríguez Simón, un abogado que dejó los primeros planos de la política pero suma cada vez más influencia en el gobierno macrista", se publicó.

"El circuito se completa con el posterior control que realiza la directora General de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski, una radical que ingresó al gobierno porteño d ela mano de la diputada Silvana Giudici, y con la llegada del PRO al poder se sumó rápidamente a Recrear y hoy se proclama cercana al ministro de Educación, Esteban Bullrrich", continuaba el artículo.

"Farrel es el responsable de firmar las habilitaciones, mientras que Berkowski es la encargada de fiscalizar y controlar que los lugares en los que se realizan los eventos que autorizó Farrel cumplan con las condiciones técnicas previstas en la Ley. La tarea de la mujer de Recrear es la misma que en 2004 cumplía el funcionario ibarrista, Gustavo Torres, implicado en la causa por la Tragedia de Cromañón", agregaba.

Y no termina allí la nota que vale la pena releer por su absoluta vigencia: "Según contaron a LPO, el sistema de habilitaciones “truchas” está absolutamente organizado. Se habla de consultoras y estudios jurídicos cuya función es asesorar a los empresarios de boliches y bares sobre los pasos necesarios para obtener la ansiada habilitación".

"La operación está tan naturalizada que en la Agencia de Control, ya a nadie sorprende el pase de sobres cerrados seguidos de comentarios como: “Tomá, esto es por lo de la habilitación del local de…” y el nombre de la calle en la que se habilitó un bar o boliche para la realización de un recital u otro espectáculo", agregaba.

Estirando la norma

Ya entonces se publicó que "las habilitaciones se otorgan en base a una sutil interpretación de la Resolución 1010/SSEGU/05, sancionada en noviembre del 2005 luego de Cromañón, durante la gestión de Aníbal Ibarra. Aunque la reglamentación fue pensada para la realización de eventos masivos en clubes, estadios o teatros, desde la Agencia de Control afirmaron a LPO que las habilitaciones en bares y restaurantes se hacen también a través de esta misma resolución. Para fundamentarlo se basan en el fragmento de la norma en el que se indica que la misma reglamenta la habilitación especial para la “realización de espectáculos de concurrencia masiva en estadios o lugares no habilitados a tal fin”.

En el Artículo 1 del Anexo I que acompaña el texto de la Resolución se especifica que cómo espectáculo público, objeto de la norma, se entiende “todo acto o reunión o evento de carácter artístico, musical, festivo, político, religioso o de otra índole, capaz de producir una amplia concentración de asistentes, que se ofrezca en estadios, clubes, espacios del dominio público o privado no habilitados a tal fin”. En ninguno de los artículos ni incisos de la reglamentación se mencionan bares, boliches o restaurantes. O sea, se forzó la interpretación para habilitar a bares como el que colapsó en Palermo. Este medio lo publicó, dio nombres de los funcionarios sospechados y nadie hizo nada. Dos tragedias ocurrieron.