Cuando todavía hay personas desesperadas, aguardando la aparición con vida de sus familiares bajo los escombros; empezó la búsqueda de los responsables de la tragedia de Villa Urquiza. Como era de esperarse, las autoridades también comenzaron a apuntar hacia fuera y a deslindarse de responsabilidades.

Mauricio Macri culpó esta mañana al ingeniero Guillermo Heyaca Varela. "Ha habido una impericia por parte de la autoría técnica de la obra". Además, puntualizó que el derrumbe fue causado por una excavación iniciada el lunes "que puso en peligro las construcciones lindantes, no respetando en nada los planos presentados y aprobados".

El ingeniero Heyaca Varela no tardó en responderle: "Tengo muchos años en la profesión, hice las cosas con el mayor cuidado posible y cumpliendo con todos los planes".

El escándalo tras la denuncia de la UOCRA

El 17 de junio pasado, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) presentó una denuncia ante la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno porteño sobre presuntas falencias en las condiciones laborales de los obreros. Allí también precisaba que no se habían apuntalado los muros medianeros.

El secretario general del Gobierno de la Ciudad, Marcos Peña, aseguró que “tras la denuncia, se hizo una inspección al día siguiente y otra el 13 de julio, pero en ningún caso se encontró actividad. Siempre se espera unos 30 días cuando un operativo de este tipo no se puede realizar. Evidentemente la obra se retomó con alto ritmo en los últimos días”.

Los inspectores de la Ciudad fueron tres veces a la obra en Mendoza 5030 pero nunca entraron al pozo a ver cómo estaba. En la UOCRA dijeron: “Si tienen el nombre de la constructora y del profesional a cargo, ¿por qué no los llamaron? Ellos tienen el poder de policía, y nosotros hicimos una denuncia concisa”.

En casos como este, en que argumentando que se trata de propiedad privada los encargados de la construcción prohíben el ingreso a los inspectores de la Dirección de Control de Obras, lo que corresponde hacer a los funcionarios porteños es la denuncia en la comisaría de la zona.

Allí se le da intervención a un juez contravencional, que en el lapso de 24 horas eleva una orden de allanamiento que le permite a los inspectores ingresar a la obra, acompañados de la fuerza pública. Pero nada de esto sucedió.

Esta mañana, el vocero del gremio, Ricardo Camaño declaró: "Ante una denuncia de riesgo inminente, la inspección y la clausura debe ser inmediata hasta tanto se lleven a cabo las medidas correspondientes, precisamente por el riesgo que implican estas situaciones para la vida de las personas".

Camaño insistió en que "lamentablemente" el poder de policía para estos casos no lo tiene el gremio, sino la autoridad competente. "No tenemos la posibilidad de inspeccionar, ni de clausurar, sólo de detectar el incumplimiento y denunciarlo", ratificó.

Por qué ahora es más difícil el control sobre las construcciones

Históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección que controla los planos de obra funcionó en forma conjunta con el área de inspección de las construcciones. Pero el gobierno de Mauricio Macri modificó esta estructura y separó ambas dependencias.

Por un lado, la Dirección General de Obras y Catastro (que analiza los planos y otorga los permisos para construir) pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Daniel Chain.

Por otro, la regulación y el control del avance de la obra, quedó a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, a través de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras, hoy a cargo de José Angel Baez.

De acuerdo a los expertos que consultó LPO, esta división –en su momento fogoneada por el titular de Desarrollo Urbano, Daniel Chain- lejos de hacer más eficientes los controles, los complejiza. Por tratarse ahora de dos áreas totalmente separadas, se deslindan responsabilidades una en otra, algo que no podía suceder cuando trabajaban en forma conjunta.