El Gobierno solicitó a la Justicia "se dicte intervención judicial con
desplazamiento de autoridades" en Papel Prensa, "atento a las
irregularidades acreditadas" en la causa y "los graves sucesos
acaecidos" en esa empresa.
En un escrito que presentó el secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno, en representación del Estado Nacional y al que
Télam tuvo acceso, se sostiene que todo esto "ponen en serio
peligro la situación económica y financiera de la sociedad y
revelan la intención del grupo mayoritario y administradores que
lo representan profundizar la situación de gravedad que motivara
la intervención" de la empresa.
Tras puntualizar que "hasta la fecha no fue satisfecho" el
requerimiento judicial, se solicita, entre otras cuestiones, "se
decrete el agravamiento de la medida cautelar decretada con fecha
8 de marzo pasado, disponiendo la intervención de la sociedad con
carácter de administración y con desplazamiento de autoridades" en
Papel Prensa.
Entre otros fundamentos, el escrito recuerda que al
determinarse las funciones del Interventor se estableció
"…asegurar el efectivo, amplio y pleno derecho de información de
los integrantes del directorio, síndicos y consejos de vigilancia,
e incluso de los accionistas".
"No obstante la claridad y el carácter imperativo de la
decisión judicial, la sociedad demandada continúa con su política
de negar información a los representantes del Estado Nacional”,
indica el texto presentado ante la Justicia.
Recuerda que ante "dicha actuación irregular" quien representa
al Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de la sociedad
demandada, Alberto González Arzac, "inició como querellante por
ante el Juzgado Penal Económico Número 4, Secretaría Número 8 de
esta ciudad, una denuncia contra el Dr. Alberto Maquieira, quien
actuara en forma irregular como Presidente desde el 4 de noviembre
de 2009, por la presunta comisión de los delitos de fraudes al
comercio y a la industria".
"En definitiva, entonces, y en lo que hace a la violación al
derecho a la información que hoy subsiste, ni siquiera el
requerimiento formulado por el Sr. Interventor", ni "aún otorgando
un excesivo plazo de diez días", tuvo como resultado que "quienes
actúan por la sociedad demandada depongan la negativa de brindar
la información que por derecho le corresponde al Estado Nacional y
los directores que lo representan", agrega.
Refiere que "ello demuestra que quienes actúan por la sociedad
demandada carecen de la voluntad de someterse a la decisión
judicial, regularizar la grave situación que padece la sociedad y
enderezar sus actos como un buen socio o administrador conforme el
derecho vigente".
Tras ampliar consideraciones que fundamentan el pedido del
Gobierno Nacional, Moreno solicita a la Justicia "se tengan
presente las irregularidades denunciadas y se dicte el
agravamiento de la medida cautelar decretada con fecha 8 de marzo
pasado, disponiendo la intervención de la sociedad con carácter de
administración y con desplazamiento de autoridades".