La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó hoy un decreto por el cual se establece que "todo buque o artefacto naval" que quiera transitar "entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas y Sandwich del Sur, "o atravesar aguas argentinas" en esa dirección, "deberán solicitar una autorización previa".

Así lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien fundamentó que la decisión es "en defensa de los intereses de los argentinos".

De esta manera el gobierno rechazó una vez más los planes del gobierno de Gran Bretaña de iniciar actividades de exploración petrolífera en las aguas del archipiélago austral.

Luego durante un acto en el partido bonaerense de Merlo, la mandataria reclamó que se hagan cumplir al Reino Unido "las resoluciones de Naciones Unidas" respecto de sentarse a dialogar con la Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas.

Tras defender su decisión de exigir autorización para viajar a las islas, Fernández de Kirchner recordó que "hay numerosas resoluciones de Naciones Unidas en las cuales se pide y se obliga a ambos países a reanudar las conversaciones para arribar a un acuerdo en materia de soberanía y resoluciones que dicen que ninguna de las partes pueden tomar acciones unilaterales".

"Estas resoluciones han sido desoídas sistemáticamente por el Reino Unido que se niega a sentarse en una mesa a discutir la cuestión como ordena Naciones Unidas", agregó.

La medida fue adoptada a través del decreto 256 del Poder Ejecutivo, que fue rubricado esta mañana por la jefa de Estado en la Quinta de Olivos. A través de su embajada en el país, el Gobierno británico afirmó  que la decisión "es un tema para la Argentina de cómo aplica sus leyes dentro de sus propios territorios".

"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las islas Falklands (Malvinas) y territorios marítimos circundantes y tiene totalmente claro que la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento totalmente legítimo", afirmaron voceros de la embajada británica en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete fundamentó que el gobierno decidió "hacer uso de las facultades de avocación" en virtud de la "relevancia" de la cuestión.

El artículo 1 de la norma establece que "todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expendida por la autoridad nacional competente".

Para ello, se dispone también la creación de la Comisión Permanente de Evaluación de Regulaciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete para coordinar las acciones y dictar las normas reglamentarias para la implementación del decreto.

Ese comité estará integrado por los ministerios de Planificación, de Justicia, de Economía, de Industria y Turismo, y de Relaciones Exteriores.

En los considerandos de la normativa, se argumentó que el gobierno británico "mantiene su negativa a dar cumplimento" a un conjunto de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones unidas en las cuales se instan a que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica, justa y duradera de la disputa.