Las autoridades de la UCR presentaron hoy un amparo contra el decreto que crea el fondo con reservas del Banco Central para cancelar deudas, acompañado de un pedido cautelar para que quede sin efecto la medida.

Lo hicieron esta mañana, pocas horas antes que el aún titular de la entidad, Martín Redrado, reciba al presidente del Comité de la UCR, Ernesto Sanz, y al jefe del bloque de senadores de ese partido, Gerardo Morales.

Según voceros del partido, ambos le habían pedido la audiencia ayer temprano, a la vez que le infirmaron que hoy irían a Tribunales. Las mismas fuentes dicen que Redrado reaccionó de inmediato: por la tarde les confirmó la entrevista para este mediodía.

No sólo eso: aseguran que hoy temprano se encargó de confirmarla, cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recorría canales de televisión diciendo que aceptaría la renuncia del titular del Central, nunca presentada formalmente.

La actitud del todavía titular del Central exhibiría su preocupación por sufrir embates judiciales en caso de aceptar lo dispuesto por el decreto, y liberar los 6.559 millones de dólares de las reservas que allí se pedían enviar a un fondo especial, destinado a cancelar deudas.

Es que el decreto, como todos, debe tener el aval del Congreso para quedar firme, y eso no ocurrió y tal vez nunca suceda jamás por la resistencia de la oposición, que domina el recinto en Diputados y empata en votos con el oficialismo en el Senado. “Se encontró con un panorama judicial complicado, eso fue todo”, resumen en la UCR.

Es que el mes pasado Redrado estuvo lejos de tamaña cortesía con la oposición, cuando se negó a concurrir al Senado a dar el informe monetario anual, presuntamente, por pedido del Gobierno.

Aquella vez no sólo ignoró ese protocolo, sino que además publicó el informe por Internet. El dato revelador que tuvo ese documento fue el reparo que allí expuso Redrado al uso de las reservas del Banco Central.

Demanda

La presentación judicial de la UCR la firman Morales, Sanz, el jefe del bloque de Diputados del radicalismo, Oscar Aguad, y su Ricardo Gil Lavedra.

Fue, al menos, algo sugestivo: hasta la semana pasada no tenían previsto acudir a la justicia, sobre todo luego de lograr parar el decreto en el Congreso, al impedir que haya mayoría kirchnerista en la bicameral encargada de avalar los decretos.

Además de solicitar la apertura de la feria judicial, los radicales pidieron la suspensión “cautelarmente” de “los efectos y la vigencia” del decreto que crea el Fondo del Bicentenario, “hasta tanto se pueda reunir el Congreso Nacional para su consideración”. También requieren que se conceda un amparo “declarando su inconstitucionalidad”.

Con citas legales, los argumentos son similares a los expresados públicamente: que el decreto nunca fue avalado por el Congreso, que es inválido porque no se encuentra la urgencia que justificaría obviar un trámite legislativo, y que el manejo de las reservas también deben tener aval parlamentario, entre otros.

Sanz y Morales le dieron estas explicaciones a Redrado en su despacho, quien les reiteró hasta el hartazgo que no dejaría su lugar. Fue a la misma hora que el ministro de Economía, Amado Boudou, daba por echa su dimisión.