Los funcionarios nombrados ayer llegan a sus despachos con varias cuentas pendientes con la Justicia.
El diario La Nación realizó un recorrido por las causas en las que son investigados cada uno de ellos aunque ninguno está seriamente comprometido ya que no hay procesados ni citados a declarar como acusados.
El ministro de Economía, Amado Boudou, fue denunciado por la Defensoría del Pueblo por su gestión al frente de la Anses; el secretario de Cultura, Jorge Coscia, tiene una causa abierta por presuntas irregularidades en la entrega de subsidios cuando era titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y carga con un caso que no fue cerrado definitivamente por supuesto enriquecimiento ilícito, y el ministro de Justicia, Julio Alak, está siendo investigado por el cierre del Banco Municipal de La Plata, la ciudad de la que fue intendente durante 16 años.
El nuevo jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió casi indemne de sus cinco años de funcionario kirchnerista.
Su nombre figura en la causa que investiga el avance de piqueteros encabezados por Luis D´Elía contra manifestantes del campo que protestaban en la Plaza de Mayo el año pasado. A Fernández se lo acusó de haber impartido la presunta orden a la policía para que fuera prescindente ante el avance de los piqueteros.
Además, lo rozó una denuncia contra su secretario privado por el uso irregular de autos oficiales. Este caso está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y tiene como imputados a una decena de funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
Sin embargo, la más recordada de las causas contra Aníbal Fernández tiene más de 15 años. Era intendente de Quilmes y estuvo prófugo 48 horas en un caso que lo investigaba por la contratación de un estudio jurídico. Finalmente, lo sobreseyeron.
En cuanto a Boudou, la denuncia contra él la presentó Manuel Garrido cuando era fiscal de Investigaciones Administrativas. El entonces defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, había acusado a Boudou de no haberle girado a Córdoba los fondos para el pago de haberes. Además, en los últimos días, el ex titular de la Anses también fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por cartas que envió a los jubilados con críticas a las AFJP y "autoelogios" días antes de las elecciones. Según Monner, implicó un despilfarro.
Todo indica que el más complicado de los designados es Coscia. El juez Claudio Bonadío lo investiga por su gestión al frente del Incaa y tiene pendiente la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Ese caso fue cerrado por Norberto Oyarbide, pero la fiscalía se opuso y la Cámara debe decidir ahora qué hace con él.
