“Está faltando contención del sector empresario”, graficó con claridad una fuente del Ministerio de Economía a La Política Online. Se trata de un diagnóstico compartido por gran parte del gobierno, que explica de esa manera la inesperada sucesión de cumbres y comunicados empresariales, de tono crítica hacia el gobierno.

Distancia que alcanzó niveles de escándalo con la reciente estatización chapista de tres compañías de Techint. Pero antes de ese evento, se había realizado en la UIA un almuerzo de los principales líderes empresariales locales, nucleados en el resucitado G-7, en el que abundaron críticas al gobierno por la política económica.

En la Casa Rosada reconocen que de aquí al 28 de junio Néstor Kirchner se dedicará casi en exclusividad a la elección, y difícilmente se tome el trabajo de analizar los planteos empresarios. “En un gobierno que concentra todas las decisiones un una persona, está claro que esto produce estos cuellos de botella, cuando el número uno está en otra”, agregaron las fuentes consultadas.

En todo caso, entre el mundo empresario hay cierta decepción con la ministra de la Producción, Débora Giorgi, una economista que proviene de la UIA, y que frente a la creciente lista de reclamos que esta entidad acumula, ha optado por desaparecer de la escena y concentrarse en temas menores.

Resistir es la consigna

Es en esta cambio de clima, que los empresarios han comenzado a coordinar estrategias de resistencia ante la intromisión del Estado en sus compañías vía los directores de la ANSES.

De esto se habló en la reunión del G-7 en la que las empresas más grandes del país –con mayor espalda política-, acordaron ser “solidarios” con las más chicas en la articulación de una estrategia y un discurso común, que trate de poner freno a la injerencia de la ANSES.

De hecho, a principios de este mes, en una de las empresas en las que el Gobierno pasó a ser accionista tras la estatización de los fondos de las AFJP, el director designado por la Anses pidió información sobre el destino de ciertos fondos. La respuesta de la empresa fue escueta. "Esos fondos han sido colocados en el exterior". Una sola línea, menos que un telegrama, revela el diario Clarín.

Ese director designado por el Gobierno cuenta con las mismas atribuciones, al menos para reclamar infomación, que los directores que responden a los accionistas privados. Pero no puede evitar que le apliquen reglamentaciones y burocracias al más puro estilo de una empresa estatal, de modo que el dato que otro director conseguiría en diez segundos, al representante del Gobierno le tome diez días. O semanas enteras.

"La información sobre una empresa es un asunto confidencial, que ahora está al alcance de un director que no es percibido como propio, sino que juega para el otro bando", planteó Pablo Van Thienen, director del Centro de Estudios de Derecho, Empresa y Finanzas (CEDEF), un instituto que funciona dentro del edificio del Círculo Militar. En este centro de estudios donde se da cursos para abogados de empresas fue donde se dieron cita representantes de los departamentos legales de varias de las empresas donde la Anses es ahora accionista.

El encuentro fue a mediados de abril y el caso testigo que se trató fue el desembarco del Estado en el directorio de Siderar, la siderúrgica de Techint. "Si bien hubo negociaciones, Néstor Kirchner terminó colocando a un hombre propio en el directorio de una empresa de Techint. Así es como interpreto ese caso", acotó Van Thienen, en diálogo con Clarín.

De aquel encuentro en abril salió la propuesta de "burocratizar" los requerimientos de los directores estatales. La idea está prendiendo, según constató este diario en algunas de las compañías. "Cada uno apela a un recurso distinto, desde un reglamento interno a normativas propias de las sociedades anónimas, pero el objetivo es trabarles el acceso a la información", dijo un gerente de una de las principales empresas. Otra firma está focalizando una estrategia similar a través de la Cámara de Sociedades Anónimas, una entidad que hoy está presidida por Telefónica de Argentina y tiene como vicepresidente a un representante de Siderca, otra empresa de Techint.

De todas maneras, la posibilidad de que se pueda eludir dar información sensible tiene límites precisos. Uno es la decisión de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) de auditar aquellas empresas donde el Estado tiene participación. Y la otra, más concreta, es el límite que impone el poder. "Hubo decisión política de no dar batalla legal al Gobierno. Pero sí se les puede hacer menos fácil las cosas", agregó Van Thienen.