Como suele suceder en política no todo lo que parece es. La noticia que hoy tapizó los medios económicos mencionaba con alarma que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, asumía el control de la papelera Massuh, recientemente rescatada con fondos de la Anses.

La noticia se enmarca en la designación de directores del Estado en las compañías que la Anses tiene acciones –remanente de la absorción de las AFJP-, y daría cuenta de una intensificación del costado estatista del kircherismo. Pero la realidad sería más compleja, y detrás del supuesto “castigo” a la familia Massuh, dueña de la papelera, podría esconderse un vaciamiento amparado –y lo que es peor, financiado- por el Estado.

Es que según se informó, Moreno como flamante director ejecutivo de la papelera, decidió alquilar por tres años la planta de la papelera ubicada en Quilmes, a cambio del pago de un canon a sus dueños originales.

El gobierno explicó que decidió tomar el control de esta compañía para garantizar la estabilidad laboral de los 800 trabajadores de la papelera, que ahora pasarán a depender de un fideicomiso del Banco Nación integrado con recursos de la Anses, y que en la gestión cotidiana administrará Moreno.

Preguntas sin respuesta

Sin embargo, esta operación de rescate de la familia Massuh que fue celebrada por Moreno y el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, obvia una notable cadena de inconductas empresarias que se le atribuyen a esta familia.


Fuentes del mercado señalaron a La Política Online, que en rigor con este rescate el gobierno podría estar tapando lo que sería un verdadero vaciamiento de la papelera, que habría llegado al extremo de transferir maquinaria a la empresa Fibra Papelera.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos elaboró un informe donde constan algunas de las operaciones de Massuh. La papelera vendió en 2007 su planta de embalaje de San Justo. La compradora fue la firma Fibra Papelera, que pagó 32 millones de dólares. ¿Quiénes integran esta empresa? Según las actas de la asamblea de accionistas del 23 de marzo de 2007, la empresa hizo renunciar a toda la planta directiva de Fibra Papelera para designar un nuevo directorio, integrado por Héctor Massuh y Rolando Ahualli. “Inventaron ventas entre ellos como una maniobra de vaciamiento”, señaló a Página 12 el abogado del Centro, Agustín Comas.

Otro hecho que denuncian los trabajadores es la venta de un inmueble de Parque Patricios que funciona como sede central de Massuh. Según consta en declaraciones ante la Comisión Nacional de Valores, el edificio estaba valuado en casi 9 millones de pesos, pero se terminó pagando casi 4 millones. “No sabemos cuánta plata hubo en la operación, pero sí sabemos que el comprador fue un familiar. Nuestro objetivo es que Massuh sea citado penalmente”, agregó el delegado Carlos Abal.

La familia Massuh para justificar el rescate informó que para el 31 de marzo arrastraba una deuda de 308 millones de pesos, lo que le imposibilitaba seguir pagando el salario de sus trabajadores. Sin embargo, en la asamblea del 22 de diciembre del año pasado los directivos aprobaron las remuneraciones y los honorarios anuales: 326.862 pesos en concepto de sueldos y 2,6 millones de pesos como honorarios para sus directores.

El Estado bobo

Pese a estos y otros datos de publico conocimiento, el supuestamente bravo Guillermo Moreno, aceptó manso las condiciones de la familia Massuh, que aumentará su patrimonio personal gracias, por ejemplo, el pago del alquiler de la plata de Quilmes que el secretario de Comercio Interior concretará con fondos de la Anses, es decir de los jubilados.

No se entiende porqué si la familia Massuh posee bienes y empresas –como la firma Fibra Papelera-, el Estado le paga un alquiler por la plata, cuando muy bien podría avanzar sobre ese patrimonio para que afronte los pasivos heredados y el costo operativo de operar la planta.

Además, si está virtualmente quebrada la compañía por la pésima gestión de los Massuh, tampoco se entiende porqué Moreno les reconoce voz y voto en el fideicomiso que seguirá tomando decisiones sobre el futuro de la papelera.

Un abogado del Ministerio de Economía lo graficó con claridad en diálogo con La Política Online: “Sólo un arreglo por debajo de la mesa explica que el Estado se haga el distraído y salve alegremente a los Massuh, cuando en rigor correspondería denunciarlos por vaciamiento, administración fraudulenta y además, exigirle que aporte fondos para capital de trabajo”.

Pero no es el único interrogante que rodea a esta operación. “¿Quién decidió que los fondos de la Anses se puede utilizar para salvar a una compañía? ¿Y en todo caso, porqué a esta y no a otras?”, agregó la fuente consultada.