La pelea de Zaffaroni con Casación por la penalización de menores
En 2007, Casación falló contra el decreto de la dictadura que permite a los jueces de menores la privación de la libertad de chicos sin un debido proceso penal. Cuando llegó a la Corte, el fallo se bajó. Zaffaroni explica por qué se tomó esa decisión. El experto Emilio García Méndez cuenta a LPO los detalles del caso y la importancia de un proceso diferencial de menores.
El violento asesinato de Daniel Capristo, en Valentín Alsina, en manos de un chico de 14 años, logró que el gobierno de Cristina Kirchner se viera obligado a intervenir en la inseguridad, un tema que hasta aquí elegía obviar dispersando acusaciones, sobre todo a la Justicia.
Uno de esos temas candentes es el pedido de muchos sectores de la sociedad de bajar la edad de inimputabilidad de los menores, a los que así les cabrían las mismas condiciones y penas que a los adultos.
Otras voces, menos extremistas, apoyan la creación de un régimen especial, que establezca procesos legales y derechos a los menores, hoy a merced de las decisiones de los jueces de menores, y penas especializadas según el rango de edad, para trabajar en la reinserción social y no condenarlos a los institutos de menores, hoy cárceles encubiertas.
Ahora, la diputada ultrakirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura, Diana Conti, trabaja a pedido de la presidenta, según anunció la semana pasada, en la elaboración de un proyecto para crear un régimen penal juvenil a partir de una propuesta del ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni. Pero extrañamente, al juez lo envuelve una curiosa historia referida a esta situación.
Habeas Corpus
La Política Online se contactó con el diputado y experto en derecho penal juvenil, Emilio García Méndez, quien por estas horas está de viaje en Brasil. El legislador de Solidaridad e Igualdad (SI) es autor de un muy interesante proyecto para la creación de un régimen especial de enjuiciamiento y penalización de menores entre los 14 y los 18 años, y así eliminar el decreto 22.278 –luego transformado en Ley-, diseñado por la última dictadura militar en 1980, el cual deja a los menores sin recaudos legales, defensa legal y en manos de la decisión del juez de turno.
“Los menores de edad en Argentina son las únicas personas que yo conozco a los que se los puede privar de la libertad sin un debido proceso”, comienza a explicar, ya que “para los menores de 16 existe un decreto de la dictadura dice que el juez puede hacer prácticamente cualquier cosa”. También, de paso, condena la baja en la edad de la imputabilidad: “Sería una ley de un solo artículo que lo único que haría es que a menores de edad se los juzgue y sancione como a adultos”.
En la amable conversación, surgió el análisis del proyecto del kirchnerismo y García Méndez sorprendió con una importante y hasta aquí desconocida historia.
Según relató, en 2006 y a través de Fundación Sur, el penalista presentó un Habeas Corpus colectivo a favor de los menores de 16 años que en ese entonces estaban en institutos, ya que “la ley de infancia prohíbe la privación de la libertad”.
Su presentación, explicó, fue rechazado en primera y segunda instancia, pero consiguió un apoyo más que importante: La Cámara de Casación Penal, en diciembre de 2007, falló ordenando la liberación progresiva de los chicos en esas condiciones, decretando inconstitucional el decreto de la dictadura y exhortando al Poder Legislativo a avanzar en una ley de régimen especial de menores.
Pero el impulso que había dado Casación se frenó en la Corte Suprema. “El 18 de marzo de 2008 suspendió la ejecución del fallo sin pronunciarse. En septiembre pedimos audiencia pública y la Corte la concedió. Pero luego, en un gesto que si no fuera institucional sería grosero, sin ninguna explicación, la suspendió 10 horas antes. El 2 de diciembre de 2008 se pronunció y dio vuelta el fallo de Casación, determinando que el decreto de la dictadura era constitucional. Este fallo lo firmó Zaffaroni y probablemente lo escribió”, detalló, todavía con bronca, García Méndez.
Respuesta de la Corte
En su mejorada página oficial, la Corte explica por qué decidió rebatir el fallo de Casación que ordenaba la liberación de los menores de 16 años condenados a los muy cuestionados institutos de menores. Según su respuesta, admitía la gravedad de la situación de los menores en el país ante la demora en la adecuación de la legislación, pero no justificó que los tribunales creen un régimen general sustitutivo.
En pocas palabras, coincidía con la necesidad de crear un régimen especial procesal para los menores, pero no veía posible que un fallo de Casación determine una situación que debía pasar por el Congreso.
La Corte, luego de suspender los efectos de la sentencia de la Cámara y admitir el recurso extraordinario presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, señaló que el reconocimiento de los derechos especiales que tienen los menores no es un mero postulado doctrinario sino un imperativo que surge de normas constitucionales e internacionales. “Una de las consecuencias más graves que derivan de la aplicación de la Ley 22.278 es el amplio poder de discrecionalidad que concede a los jueces que, en la práctica, muchas veces se traduce en violaciones de derechos de los niños infractores de la ley penal”, explica.
El máximo tribunal, en cambio, consideró que no podía permanecer indiferente ante la gravedad de la situación de los menores en el país y a la demora en la adecuación de la legislación a la Constitución y a los tratados internacionales. Por lo tanto, determinó que le correspondía requerir al Poder Legislativo que procediese a esa adecuación normativa. Situación que finalmente hoy, y tras un nuevo asesinato en manos de un chico, podría dar el salto al Congreso de la Nación.
Copyright La Politica Online SA 2024. Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Gracias por enviar tu comentario. A la brevedad será publicado.
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
12
Elias
09/11/09
00:07
Lo unico pido es justicia para las personas asesinadas;y no solo para ellas que es lo que les queda a los niños que se quedan sin padres...esposas que no van a volver a ver mas a sus maridos.cuando un delincuente juvenil mata a alguien no solo quita una vida sino tambien destruye todo un entorno familiar que rodeaba a la persona .y como si fuera poco lo unico que puede hacer esta familia afectada es esperar a que este pibe se escape de algun instituo de 4ta y hacer justicia propia..actualmente los mini delincuentes ya no roban bienes roban vidas.
Responder
11
Daniel
29/07/09
07:28
Si dejan en libertad al menor y mata a otra persona o es muerta en un enfrentamiento con la policía los cómplices de homicidio serán estos jueces permisivos. Lo correcto sería que estos menores fueran ingresados en centro de rehabilitación juveniles y no en cárceles. Sería bueno que los miembros de la Corte Suprema de Justicia en lugar de dejar libre a estos pibes que seguramente terminarán matando o muertos por incidir en el delito, se pongan a recorrer los centros de detención juveniles -que deberían ser de rehabilitación- para conocer con certeza si el Estado cumple su rol social.
Responder
10
angie gorgorozo
21/05/09
12:43
ahi que hacer algo para combatir la violencia es por demas loque esta pasando en nuestro pais necesitamos mas seguridad. y los menores drogaditos tienen que pagar los estragos que hacen a la sociedad
Responder
9
MARCAM
29/04/09
14:06
Basta de pedir penas!!! pidamos trabajo, educación e igualdad para TODOS los argentinos y la inseguridad va a mermar. Basta de mirarse el ombligo argentinos!! todos tenemos derecho a vivir tranquilos tanto los pobres como los ricos, la exclusión, la miseria y la falta de trabajo, el no tener nada te lleva a perder el valor y el respeto por la vida, por la propia y por la ajena. Esa es la verdadera problemática argentina, la miseria.
Responder
8
Maggie
21/04/09
21:25
La doctrina "garantista" no porta un atributo negativo, no representa la abolición de las penas. Su alcance es más amplio. Contrariamente es el reconocimiento de las garantías constitucionales, que son el baluarte del ordenamiento jurídico, son las herramientas que permiten tornar efectivo el ejercicio de los derechos, en un estado de derecho (que no es lo mismo que un estado de justicia). "Durante los gobiernos militares la primera medida que se adopta es suspender las garantías constitucionales" lo que habilita el terror estatal. El Dr. Zaffaroni es minimalista no abolicionista. Es necesario brindar a los menores un debido proceso penal , juzgados que sean, recibirán las sanciones por el delito cometido y dentro del marco del derecho constitucional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país. NO SE PUEDE COMBATIR EL DELITO VIOLANDO GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.
Responder
7
Hay que mejorar los centros de rehabilitación
20/04/09
18:52
Aquí no se trata de encerrar menores de edad, ni de largarlos para que mueren o maten en la calle. Si Zaffaroni es tan garantista se debería preocupar para que los centros de alojamiento de jóvenes sean dignos para reencauzar al joven y no para aumentar el resentimiento contra la sociedad. Ese es el problema en Argentina. Largar pibes drogados a la calle por razones ideológicas no es la solución. El problema es que Argentina no cuenta con centro de rehabilitación que sean ejemplos a tomar en cuenta. Pero ello no habilita a dejar libre a todos los pibes chorros porque es condenarlos a una muerte segura a ellos y a la sociedad.
Responder
6
Basta de hipergarantismo.
20/04/09
18:47
Zaffaroni con su política de hipergarantismo es el mayor asesino de menores, por su puesto que no lo hace a propósito, pero dejar en la calle a un menor que se droga y tiene un arma en la mano es condenarlo a la muerte a él y a toda la sociedad. La ideología hipergarntista de Zaffaroni fracasó en todo el mundo. Es hora de nombrar jueces equilibrados, que no sean hipergarantista ni apliquen la tolerancia cero. En fin, la Justicia debería ser ciega pero en la Argentina es tuerta y mira siempre para el lado izquierdo.
Responder
5
Matias
19/04/09
02:33
Decian que en la Corte no habia ningun kirchnerista, ahora empiezo a dudar de ello.
La verdad que la opinion vertida de Zaffaroni sobre esto, y conociendo que el FPV tomara un trabajo suyo para elaborar la ley, como asi tambien como decidio esquivar la posicion sobre candidaturas testimoniales hablando de las bondades de un sistema parlamentario.
Zaffaroni te guste o no te guste el sistema politico que tenemos, vos juraste ser miembro de la Corte con la Constitucion vigente y tenes que responder por ella, despues como actor legislativo si hay consenso se llamara nuevamente a una reforma constitucional. Y ahi decidiras que sistema politico es el que mejor nos conviene.
Responder
4
René
18/04/09
17:21
La ley 22278 tiene tres problemones. 1) La edad de inimputabilidad. 2) La edad en que se puede aplicar pena. 3) La disposición de los jueces de menores sobre los causantes. El primero es casi un hecho q se modificara. El segundo.... SI NO SE CAMBIA... cuidado con el humo q quede debajo del incendio. El tercero... (dependera del cada sistema provincial) deberá dar solución el ejecutivo a traves de los Ministerios competentes. Si no se modifican los tres mmmmmmmmmmmmmmm
Responder
3
BRAULIO QUEVEDO
18/04/09
13:47
Los menores, desde los 14 años en adelante, que delinquen y son reincidentes, debieran ser juzgados como adultos. Los menores de 14, que viven con sus padres y cometan un delito, si reincidieran, debieran ser internados en institutos adecuados, donde se los reeduque, y enseñe un oficio. Además sus padres debieran resarcir económicamente a los damnificados por éstos, salvo que con anticipación a la comisión del delito, hubieran denunciado ante la justicia su incapacidad para ejercer la patria potestad, lo que determinaría su internación. Eso en lo inmediato, para el largo plazo, el estado debe estudiar un plan en conjunto con todas las provincias, con el fin de eliminar el flagelo. Uno de lo orígenes del mal, es la marginación social, de esos menores y su entorno familiar, derivado del hacinamiento en que viven, ya que si consideramos su ubicación domiciliaria, por lo general se trata de viviendas precarias en asentamientos ilegales, que en nuestro país se conocen como villas de emergencia, en Brasil como Favelas, etc. Estos asentamientos son considerados como un mal necesario dentro del desarrollo de las grandes ciudades, pero la realidad, es que se trata de una consecuencia derivada, de la mala distribución de los impuestos coparticipables. Nuestro país, a pesar de considerarse como una república federal, es gobernado como un estado unitario, ya que el dinero de los impuestos se usa como un arma política, beneficiando a las provincias cuyo gobernador es adicto o del mismo partido político, lo que luego también se traslada de esos gobernadores de provincia hacia los intendentes. En una palabra un agravamiento de los males que aquejan a la seudo democracia que gobierna el territorio, y eso desde los albores de nuestra nación. El estado nacional, como administrador de la hacienda pública, retiene el 70% de los ingresos coparticipables, sin contar la retenciones al agro, del orden del 30% de la exportado, que no se coparticipa, con el pretexto de redistribuir el ingreso a familias que albergan en muchos casos, menores delincuentes, lo que además no se cumple. Si el estado distribuyera con justicia, la recaudación, devolviéndole a cada zona que produce la riqueza el 30% del impuesto, otra sería la distribución poblacional y por ende el desarrollo de nuestro país, lo que evitaría además, el hacinamiento mencionado. No existe la democracia en nuestro gobierno, no existe la justicia, ni la dignidad entre muchos funcionarios, diputados, senadores, y jueces, y por último, el pueblo en general carece de cultura democrática, ya que confundimos democracia (gobierno del pueblo), con elecciones de candidatos desconocidos, mediante un sistema obsoleto, donde se vota carisma en lugar de IDEAS. Eso sin contar las “avivadas” de robarse las boletas de los opositores, o la substitución de cargos en las mesas, para llevar a cabo trampas mayores. Todo esto ocurre en el país, porque nos asombramos de los menores delincuentes, si como padres no podemos controlarlos, y preferimos aflojar las riendas, ya que es más fácil decir que SI, y permitir a menores de 13 y 14 años, asistir a lugares donde la bebida y las drogas son moneda corriente. DIOS SALVE A LA ARGENTINA. Un saludo cordial a todos. BRAULIO QUEVEDO
El ministro de la Corte explica el fallo que frenó la liberación de los detenidos que tengan menos de 16 años. Asegura que el régimen de minoridad es inconstitucional y que "a un niño jamás se le puede imponer la pena de un adulto".
Familiares, amigos y vecinos de Daniel Capristo, el chofer asesinado a balazos por un joven de 14 años, marcharon al centro de la ciudad. "Nos van a matar a todos" advirtió su hijo y pidió juntar firmas para reclamar una Ley Penal Juvenil.
En la Cámara Alta hay acuerdo, incluso con el kirchnerismo, entre un proyecto de dos senadoras y otro del radical Morales. "Con voluntad del gobierno, se aprueba la semana que viene", dicen. Pero Pichetto lo congela, mientras Aníbal Fernández insiste con un proyecto propio y el asesinato de Capristo pasa de agenda. Los celos por "llevarse los laureles" del proyecto aprobado y los problemas para avanzar en Diputados.
El máximo tribunal parece afectado por la misma crisis política que planea sobre toda la dirigencia. Hace meses que filtra trascendidos en la prensa sobre inminentes fallos que nunca se producen. Las testimoniales, el régimen penal de menores, la tenencia de drogas para consumo personal, y ahora el Consejo de la Magistratura, son apenas algunos de los pronunciamientos demorados.
Esa es la verdadera problemática argentina, la miseria.
La verdad que la opinion vertida de Zaffaroni sobre esto, y conociendo que el FPV tomara un trabajo suyo para elaborar la ley, como asi tambien como decidio esquivar la posicion sobre candidaturas testimoniales hablando de las bondades de un sistema parlamentario.
Zaffaroni te guste o no te guste el sistema politico que tenemos, vos juraste ser miembro de la Corte con la Constitucion vigente y tenes que responder por ella, despues como actor legislativo si hay consenso se llamara nuevamente a una reforma constitucional. Y ahi decidiras que sistema politico es el que mejor nos conviene.
Uno de lo orígenes del mal, es la marginación social, de esos menores y su entorno familiar, derivado del hacinamiento en que viven, ya que si consideramos su ubicación domiciliaria, por lo general se trata de viviendas precarias en asentamientos ilegales, que en nuestro país se conocen como villas de emergencia, en Brasil como Favelas, etc.
Estos asentamientos son considerados como un mal necesario dentro del desarrollo de las grandes ciudades, pero la realidad, es que se trata de una consecuencia derivada, de la mala distribución de los impuestos coparticipables.
Nuestro país, a pesar de considerarse como una república federal, es gobernado como un estado unitario, ya que el dinero de los impuestos se usa como un arma política, beneficiando a las provincias cuyo gobernador es adicto o del mismo partido político, lo que luego también se traslada de esos gobernadores de provincia hacia los intendentes. En una palabra un agravamiento de los males que aquejan a la seudo democracia que gobierna el territorio, y eso desde los albores de nuestra nación.
El estado nacional, como administrador de la hacienda pública, retiene el 70% de los ingresos coparticipables, sin contar la retenciones al agro, del orden del 30% de la exportado, que no se coparticipa, con el pretexto de redistribuir el ingreso a familias que albergan en muchos casos, menores delincuentes, lo que además no se cumple.
Si el estado distribuyera con justicia, la recaudación, devolviéndole a cada zona que produce la riqueza el 30% del impuesto, otra sería la distribución poblacional y por ende el desarrollo de nuestro país, lo que evitaría además, el hacinamiento mencionado.
No existe la democracia en nuestro gobierno, no existe la justicia, ni la dignidad entre muchos funcionarios, diputados, senadores, y jueces, y por último, el pueblo en general carece de cultura democrática, ya que confundimos democracia (gobierno del pueblo), con elecciones de candidatos desconocidos, mediante un sistema obsoleto, donde se vota carisma en lugar de IDEAS. Eso sin contar las “avivadas” de robarse las boletas de los opositores, o la substitución de cargos en las mesas, para llevar a cabo trampas mayores.
Todo esto ocurre en el país, porque nos asombramos de los menores delincuentes, si como padres no podemos controlarlos, y preferimos aflojar las riendas, ya que es más fácil decir que SI, y permitir a menores de 13 y 14 años, asistir a lugares donde la bebida y las drogas son moneda corriente. DIOS SALVE A LA ARGENTINA. Un saludo cordial a todos. BRAULIO QUEVEDO