El kirchnerismo intentó desde sus inicios desligarse de cualquier responsabilidad en materia de inseguridad. Cuando casos de violencia eran tapa de los diarios, tanto Néstor como Cristina Kirchner desviaban la mirada hacia la Justicia. Pero el asesinato de Daniel Capristo llevó a que el propio ex presidente abandone el corrimiento por “derecha” contra la inseguridad y salga a pedir una ley penal juvenil.

“Es hora de que la justicia tome las determinaciones que corresponden: no puede dejar en libertad por más inimputable que sea a alguien que tenga ese marco de peligrosidad”, dijo el ex presidente en San Miguel sobre el violento homicidio en Valentín Alsina, en plena campaña electoral. Lo cierto es que la postura del kirchnerismo no pasa de ser eso, una postura. De ocasión y coyuntural.

Cuando explotó la crisis con las marchas que llegaron al Obelisco, hasta Miguel Pichetto, titular del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, habló de la existencia de consenso en la Cámara Alta sobre un proyecto para establecer un régimen penal juvenil. Pero inmediatamente, el oficialismo hizo caso omiso de ese consenso y empezó a inflar la idea de un proyecto propio.

Después, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, terminó de enterrar la opción una vez que la muerte de Capristo se bajó de la agenda. “Son muy poquitos los delitos cometidos por menores”, dijo, mientras en Diputados se pateaba el tratamiento de una ley hasta después de las elecciones.

En el Senado, mientras tanto, todavía late un proyecto con años de antigüedad que tiene el apoyo del peronismo disidente, el kirchnerismo y que tendría también el visto bueno del radicalismo.

Avance en Senado

En realidad son dos textos. Uno de las senadoras Marita Perceval –mendocina ultra kirchnerista- y Sonia Escudero –del peronismo disidente-, y otro del titular de la UCR, el senador Gerardo Morales. Pero las similitudes entre los dos planes son tantas que conseguir un dictamen sería cuestión de horas.

De hecho, ayer hubo reunión de asesores y la conclusión que se sacó fue que las dos iniciativas son “prácticamente iguales”. Esto es así porque, opinan, “se mantienen sobre las bases que imponen en la discusión los principales especialistas”. En consonancia, se rigen ambos bajo similares características al presentado por La Política Online la semana pasada, diseñado por el diputado Emilio García Méndez, un prestigioso abogado de minoridad.

La historia de los proyectos se inicia en 2004, cuando Juan Carlos Blumberg convocó una multitud en el Congreso, velas en mano. Ahí, la Cámara Alta empezó a trabajar una ley penal juvenil, que incluyó participación de especialistas, seminarios y simposios.

El resultado, fue un proyecto que logró dictamen favorable en comisión pero que nunca llegó a tratamiento. “En 2007, cuando hubo recambio de autoridades, se tiró todo para atrás”, contó a La Política Online un legislador que vivió personalmente el tratamiento de esa ley.

Tiempo después, la kirchnerista Perceval y la opositora Escudero –salteña, muy cercana al ex gobernador Juan Carlos Romero- decidieron retomar el proyecto que había conseguido dictamen y firmarlo conjuntamente. “Las dos trabajaban en proyectos similares, uno de ley de minoridad y otro sobre armas. Arreglaron que Marita firme como autora el de Ley Penal Juvenil y Sonia como coautora, e invirtieron los roles en el proyecto sobre armas”, explicaron desde el despacho de Escudero.

Ahí se encontraron con el proyecto de Morales, hoy envuelto en la campaña política con Elisa Carrió. Pero sus emisarios empezaron a negociar con las dos senadoras, alcanzando muchos puntos en común y quedando al borde del acuerdo. “Si el ejecutivo tuviera voluntad, se saca la semana próxima”, opinó en off the record un vocero muy cercano al debate en el Senado.

“Ya estamos listos, el tema se viene trabajando desde hace 5 años, desde la marcha organizada por Juan Carlos Blumberg. El único consenso que faltaba era el del Ejecutivo”, señaló Escudero.

Celos oficiales

Pero aunque haya consenso, incluso con el kirchnerismo, el proyecto no logra imponerse. “Así como el tema de la inseguridad lo suben a la agenda, cuando se enfría lo bajan, conforme aparecen casos o no”, opinó entre sollozos un asesor de senaduría. “Ahora insisten con un proyecto propio y hablan de después de las elecciones. Lo que quieren es dilatar la cuestión”, cerró la fuente consultada.

La noticia de que el gobierno tenía un proyecto propio, aparentemente diseñado por el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, no pasó de ahí. Las versiones que circulan en el Congreso afirman que el gobierno no va a permitir que un acuerdo con opositores logre quedarse “con los laureles” ante la opinión pública sobre un tema tan delicado e influyente como es la inseguridad.

Por eso, ahora esperan saber si será la diputada K Diana Conti la que presente el hasta ahora desconocido proyecto o, si por el contrario, lo bajarán desde Casa Rosada con la autoría del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). “Por más consenso que haya, no creo que lo aprueben porque van a buscar imponer el suyo”, entiende el asesor consultado.

Lo que si se cuestiona es que el gobierno buscará la puerta de entrada legislativa en Diputados, donde se amontonan –y se bloquean- proyectos desde hace años y donde ayer, en medio de un escándalo con acusaciones cruzadas e internas políticas, se decidió frenar el tratamiento en comisión y devolverlo a la discusión de asesores.

Lo que si saben en el Senado, es que no será esta la primera vez que por celos de Diputados y de la Casa Rosada se traban proyectos con importante consenso en la Cámara Alta.

Siguiendo la misma línea, la de Legislación Penal, el año pasado la titular de esa comisión, la kirchnerista Nora César, frustró un trabajo arduo en el Senado, sobre la red de datos de abusadores sexuales. El Senado apuró el asunto y sacó una media sanción. En Diputados, en lugar de dar media sanción instalaron un nuevo proyecto impulsado desde el oficialismo. ¿El resultado? Dos proyectos distintos, los dos con media sanción, y ninguna ley sancionada.