El Gobierno analiza estatizar el comercio de granos y subproductos mediante un decreto de necesidad y urgencia, confirmaron fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anoche al diario La Nación la primicia de La Política Online.

Sin demasiados detalles aún, afirmaron al matutino que la idea de un nuevo IAPI fue elaborada por el jefe de ese organismo, Ricardo Echegaray, un hombre de extrema confianza del matrimonio Kirchner. Propuso que el ONCCA fuera el único comprador y vendedor de granos, harinas y aceites que se encargaría de abastecer la demanda doméstica y comercializar al extranjero los saldos exportables.

Tres de los cuatro presidentes de las entidades agropecuarias confirmaron al matutino lo que publicó La Política Online ayer. En el encuentro que la Comisión de Enlace mantuvo el martes pasado con Randazzo, la ministra de Producción, Débora Giorgi; y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, se mencionó una eventual "nacionalización del comercio de granos". "Pensábamos que sólo era una chicana y no le dimos importancia hasta que empezó a correr el rumor", dijo ayer uno de esos dirigentes. Habría sido la propia Giorgi quien mencionó esa "nacionalización" cuando se comentó la situación del mercado de trigo, donde desde hace tres años los productores reciben un precio sustancialmente inferior que la cotización internacional del cereal. Un vocero del Ministerio de Producción negó rotundamente ese diálogo.

La presión del Gobierno, en medio del conflicto con el campo, se debe a que el kirchnerismo, complicado fiscalmente y cada vez más preocupado por la fuga de divisas, necesita que los dólares de las exportaciones ingresen al país. Con esta medida lograrían vender los granos que se mantienen guardados en los campos argentnos a la espera de mejores condiciones para su comercialización. Los productores no consideran que sea un buen momento ya que esperan suban los precios de los commodities, y no ven con buenos ojos para sus negocios la restricción de las exportaciones, que impone el Gobierno ni el porcentaje que deben pagar en retenciones que consideran altas.

Según el diario Clarín hay cálculos encontrados sobre cuánta soja queda en el campo. El Gobierno habló de 9 millones de toneladas, un 20% de la última cosecha, que podrían exportarse a unos US$ 2.900 millones. Pero el mercado es mucho más conservador y habla de entre 4 y 6 millones de toneladas. Evidente resulta que el Gobierno está urgido de dólares. Lo delata otro dato: la ONCCA ahora sólo habilita exportaciones de granos a las empresas que adelantar el pago de retenciones.

Como barrera aparece lo complejo que sería poner en marcha esa iniciativa. Por lo pronto debería ser discutida en el Congreso y obligaría a modificar el esquema de retenciones. También, por la fuerte resistencia que encontraría en la Mesa de Enlace. Como anticipo, CARBAP se apuró a plantear su rechazo: "reeditan viejas recetas que no funcionaron".

Si bien algunos empresarios admiten haber oído la idea del propio Echegaray y del secretario Guillermo Moreno, el ala dura que responde a Néstor Kirchner, desde el campo no descartan que los rumores de la medida sea un mensaje directo para ellos.

A última hora de ayer, según el diario La Nación, en el Gobierno había varias versiones. Algunos voceros sostenían que el proyecto sólo busca asustar a los productores para que vendan aquel remanente. En cambio, otras fuentes ministeriales -de Producción, entre otros- negaban rotundamente que algo así esté siquiera bajo análisis. Desde la jefatura de Gabinete, en tanto, dijeron que ya no tienen participación en lo referente al sector agropecuario. Mientras que en la AFIP confirmaron que la idea está en estudio en el más alto nivel oficial.