La Asociación Civil Pro Vicente López pidió el juicio político del intendente de ese partido del conurbano bonaerense, Enrique "Japonés" García, mediante una presentación ante el Concejo Deliberante local.

La organización no gubernamental encabezada por Miguel Quintabani reclamó que se inicie el proceso de remoción de García, al dar cuenta de un juicio en el que -según sostuvo- "hay 13 funcionarios procesados entre los cuales se encuentra el intendente".

"En otro proceso, el juicio oral se realizará probablemente el año próximo y serán juzgadas 22 personas, entre funcionarios y prestanombres de empresas fantasmas. El intendente, hasta ahora, prestó declaración como imputado no procesado", indicó la asociación.

Según la organización, "la defraudación ha sido estimada en tres millones de dólares". "Los delitos comprobados son: Malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, peculado, administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio municipal. Los funcionarios involucrados pertenecen a las más altas jerarquías", indica el comunicado.

García es uno de los intendentes radicales más cercanos a la Casa Rosada. García, junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, respondieron obedientes al llamado a una "concertación oficialista" que hizo la Casa Rosada, convirtiéndose en destacados miembros de los "Radicales K".

El "Japonés", además, planea ir el año próximo por una nueva reelección, siguiendo esa fatídica tradición de los intendentes del conurbano bonaerense.

El Caso Granara

Según la asociación civil que presentó la denuncia, "se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación del servicio de ingreso de datos al sistema de computación del Municipio. Fueron facturados, pagados y no realizados. La empresa tiene el nombre de fantasía "Granara" y se comprobó que no existe, ni estaba inscripta en registros societarios".

El Juzgado dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de 13 imputados, por existir semiplena prueba de la comisión del delito y motivo para sospechar la autoría o participación de todos ellos (uno de ellos ha fallecido).

Los funcionarios procesados son: el propio Enrique García, Dora Zorrilla, Graciela G. de Gentile, Angélica C. Piaggio, Roberto Mandolesi, Stella Maris S. de Ares, Adriana M Krapirez, Silvia S. M. Arias, Rita S. Martínez de Beggs, Susana Delgado, Miriam Nora Sanchez y Francisco Sales.

"La pericia informática realizada por personal de la Oficina Pericial dependiente de la Suprema Corte, a pedido de la Dra. Coelho, se sorprendió de que la Municipalidad necesitara tantas horas de trabajo para ingresar información a su red. El perito calculó que para cubrir el tiempo facturado tendrían que haber trabajado treinta y dos personas cargando datos durante ocho horas diarias a lo largo de un año completo, o sea 365 días, sin interrupción por feriados o días de descanso. Además, se destacó en el informe que la hora se pagó al valor de $12,00 estimado como retribución para un Licenciado en Ciencias de la Computación, cuando un empleado "data entry" cobraba $3,20 la hora", indica el comunicado.

El Caso de los Cursos

"Se ha demostrado que, por contratación directa, se simuló la prestación de esos cursos. Fueron facturados, pagados y no realizados. Los funcionarios contrataban con empresas registradas pero que eran una máscara destinada a facilitar mecanismos de fraude fiscal mediante venta de facturas", menciona el documento que lleva la firma del titular de la entidad, Quintabiani.

Los fiscales acusadores afirmaron tener acreditado que en 1999, distintos funcionarios públicos de las más altas esferas de la administración municipal, contando con la participación de particulares ajenos a la función pública, defraudaron los intereses que les fueron confiados.

En la mayoría de los casos, los cursos se entregaron por adjudicación directa a un grupo de siete empresas; Silver Trade, Nordway, Cidan, Data World, Research Systems, Esycom, y Arland. Los fiscales sostuvieron que ninguna de las empresas había capacitado al personal del municipio. Se había gastado casi un millón y medio de pesos/dólares en cursos que se contrataban de manera directa con la excusa de que eran productos especiales.

"En esta causa el Intendente García sólo declaró como imputado no procesado. Su situación permanece en suspenso. Corre el riego de ser procesado ya que utilizando ´superpoderes´ otorgados por sus concejales, habilitó partidas presupuestarias que se utilizaron para estas erogaciones. Además resulta poco creíble que por dos causas (ésta y la Causa Granara) estén procesados quienes ejercieron la Secretaría General, la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Salud, la Secretaría de la Producción, la Secretaria de Hacienda, la Subsecretaría de Hacienda, la Tesorería Municipal y la Contaduría Municipal, y él quiera hacer creer a la Justicia que nada sabía de las malversaciones. Con mayor razón cuando no existen indicios de que haya abierto sumarios administrativos para investigar los hechos", finalizó el comunicado.