Los gritos del presidente Néstor Kirchner cuando los manifestantes de Santa Cruz ingresaron al jardin de su casa en Río Gallegos todavía duelen en los desafortunados funcionarios que en ese momento lo rodeaban. Se sabe que los políticos aman sólo a las multitudes que le son afines, las otras les causan el peor de los pánicos.

El incidente ocurrido hace dos semanas fue el disparador de la militarización de Santa Cruz y explica una novela de intrigas y celos entre las fuerzas de seguridad que operan en esa provincia, que podría derivar incluso en un inédito paro y acuratelamiento de la polícia santacruceña.

La desconfianza de Kirchner y la policía de Santa Cruz es tan vieja como la hitoria política del Presidente. Secretos inconfesables, paranoias varias y chicanas judiciales y de las otras cruzan una relación, que para decirlo en criollo, viene "empiojada", practicamente desde sus inicios.

Por eso al sentir de cerca el avance de las protestas, Kirchner optó por quitar el control de la calle a la policía santacruceña y reemplazarla por la Gendarmería. Pero con la imperdonable invasión a su casa por los manifestantes, que sin dificultad pasaron los vallados, el Presidente en un triple puenteo puso a la Gendarmería bajo el mando real del general Roberto Bendini.

Los que argumenten que esta fuerza depende del ministro del Interior y no del jefe del Ejército, no entienden la lógica kirchnerista, que no se detiene en minucias como las instituciones. Hoy, Roberto Bendini es el encargado de toda la seguridad en la crispada Patagonia. Tan simple como eso. Pero veamos como comenzó este episodio que llevó a Kirchner a gritar: "Voy a vender todo lo que tengo y me voy a ir".

Buenos Aires me mata

El día que los manifestantes ingresaron al jardicito presidencial, las máximas autoridades de Gendarmería a cargo de controlar la situación en Santa Cruz tuvieron la desafortunada idea de viajar a Buenos Aires para reunirse con el comandante de la fuerza Héctor Schenone.

El pasado 15 de marzo y en el marco de la creciente conflictividad que se vive por el paro docente en Santa Cruz, unas 5.000 personas recorrieron veinte cuadras a pie y la mitad de ellas desembocó en señal de protesta en el jardín de la entrada a la casa que la familia Kirchner tiene en la capital de su provincia.

Cuando tan desagradable episodio se producía, los responsables de la seguridad en Santa Cruz: el comandante General Ángel María Marotte, jefe de la Región V con sede en Bahía Blanca; y su segundo, el comandante mayor Carlos Ayala, disfrutaban alegremente de las callecitas porteñas.

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Fua así que los inocentes manifestantes alcanzaron sin mayores problemas la casa presidencial de Maipú y 25 de mayo, permitiendo incluso tomar fotografías que hoy ya son consideradas de valor histórico, donde se ve a ciudadanos acampando en el cuidado cesped presidencial. Por suerte para el jefe de Estado, no se produjeron mayores disturbios y el hecho no tuvo mayor trascendencia en medios nacionales.

En la intimidad presidencial el clima fue otro. Cuando estalló la furia de Kirchner, el primero en recibir el impacto fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien atendió un urgente llamado del jefe de Gabinete Alberto Fernández, reclamando "una cabeza" por el mal trago que pasó el primer mandatario.

El ministro dispuso así el reemplazo del pobre comandante que había quedado en Santa Cruz a cargo de la seguridad, mientras sus superiores estaban en Buenos Aires. Pero en su retiro de Semana Santa en El Calafate, Kirchner analizó con su meticulosidad habitual el episodio junto a Bendini y munido de informes detallados, llegó a la obvia conclusión que el hilo se había cortado por lo más delgado.

De manera que por estas horas la cúpula misma de Gendarmería está bajo la incómoda lupa presidencial. Fuentes de la fuerza confirmaron que el director Nacional de Gerndarmería, Héctor Schenone, el director General de Operaciones y Educación, comandante General Hugo Oscar Buchanan, y el director de Investigaciones Policiales y Judiciales, comandante General Jorge Ramón Tapia, viven momentos delicados.

Un caso aparte constituyen los desprevenidos Marotte y Ayala, por su responsabilidad directa en el episodio. Marotte asumió a comienzos de este año como jefe de la V Región de Gendarmería, con asiento en Bahía Blanca. Es un cargo estratégico ya que son sólo cinco las regiones en las cuales Gendarmería divide las zonas del país. Días después de lo sucedido, precisamente el 21 de marzo, el gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho recibió en su despacho a Marotte. Se desconoce lo que hablaron.

Lo cierto es que la masiva presencia de gendarmes en Santa Cruz ya generó el enorme recelo de la policía santacruceña, que para colmo de males se enteró de los jugosos viáticos que cobran los gendarmes. De allí que por estas horas arrecien las versiones de una sublevación policial y los comunicados semiclandestinos de una supuesta agrupación Jorge Sayago, en honor al impune y silenciado asesinato del policía santacruceño.

La notable torpeza del gobernador Sancho para enfrentra la situación ha generado que la crisis se descargue sobre las espaldas del ministro de Gobierno Daniel Varizat, quien ahora estaría por enfrentar un nuevo escándalo si como se rumorea finalmente aparece una factura revelando que el ejecutivo santacruceño pagó 600 pesos en negro a los policías para que "aflojen" su malhumor.

Pueblo chico infierno grande, es la obvia imagen para esta pequeña provincia de menos de medio millón de habitantes, que por estos días vive la explosiva combinación de conflictos laborales, internas en las fuerzas de seguridad y notable impericia de sus autoridades políticas.