Aunque los porteños ya estén acostumbrados a ver pasear por las calles de la ciudad a las grúas remolcadoras con los ojos atentos al mal estacionamiento de algún ciudadano, parece que las dos empresas operadoras no tienen la misma determinación para verificar las condiciones legales de la concesión que les permite facturar una fortuna: su contrato está vencido desde hace, por lo menos, siete años.

Si bien el gobierno porteño no dio a La Política Online precisiones sobre el contrato que unía a las empresas Dakota S.A. –propietaria de Servicio de Tránsito Ordenado (STO)- y BRD S.A.I.C.F.I. –dueña de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC)-, voceros del Ministerio de Desarrollo Económico, responsable de la Dirección General de Concesiones, afirmaron que “la concesión está vencida desde, por lo menos, el año 2000”.

Pese a esto, La Política Online accedió a un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) donde aclara el punto en cuestión: “El contrato con la empresa BRD está vencido desde el 25 de marzo de 2001, mientras que el de Dakota lo está desde el 21 de febrero del mismo año”.

El responsable de esa área, Javier Solari Costa, tampoco pudo atender los llamados de este medio. Desde su entorno confirmaron, sin embargo, que ya trabajan en nuevos pliegos. “Estas empresas se encargan del control vehicular, parquímetros y acarreos. Esta es una situación heredada, como tantas otras, pero ya estamos trabajando en nuevos pliegos para una nueva licitación”, confirmaron a La Política Online.

Según la fuente, actualmente se está operando la parte técnica y la licitación se realizará de manera conjunta con la Subsecretaría de Tránsito. Y confirmaron lo que desde hace años se sabe, aunque no haya habido respuestas serias desde el gobierno: “tanto SEC como STO están operando y facturando sin ningún sustento ni respaldo legal”.

Otro dato importante que soltaron las fuentes porteñas, es que ambas compañías “están en juicio con el Estado porque las tarifas de los parquímetros están congeladas”.

Curiosos decretos

Lamentablemente, resulta difícil acceder a decretos antiguos, como el 4.922 de 1990, con el cual el ex intendente Carlos Grosso adjudicó a estas dos firmas el control vehícular de la ciudad. Lo único que se puede ver es el siguiente texto: “Adjudica la licitación para la concesión del servicio público de control y sanción del estacionamiento indebido de vehículos en el micro y macrocentro y ampliación de los espacios de estacionamiento- firmas BRD S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A.”, fechado el 1 de enero de 1990 y rubricado por el ex mandatario local, quien cuenta en sus espaldas varias causas por corrupción.

Sin embargo, se sabe que el contrato establecía que las empresas explotarían los parquímetros y el acarreo de los autos mal estacionados. Las firmas se quedaban con esa plata y la Ciudad, con la de las multas.

Pero otro mucho más reciente, del 19 de julio de 2007 y firmado por el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, días después de su derrota electoral, vuelve a hacer aparecer a BRD y Dakota. Numerado con el 996 de 2007, el decreto ratifica un acta acuerdo entre estas firmas y los sindicatos de choferes de camiones de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Allí, explica porqué todavía SEC y STO continúan remolcando autos y cobrando fortunas por los parquímetros porteños. Según afirma el texto, “al vencimiento del contrato, las firmas BRD S.A.I.C.F.I. y Dakota S.A., adjudicatarias de tal servicio, continuaron prestando el mismo en iguales condiciones y hasta tanto se adjudicara el nuevo proceso licitario”. Lo que nadie aclara, es por qué, en todos estos años, nadie convocó a una nueva licitación.

El decreto explica el descaro de ambas firmas, quienes pese a operar con el contrato vencido hace años elevaron un reclamo porque “la tarifa se mantiene inalterada desde el mes de febrero del año 1991” y que por eso el gobierno porteño constituyó “una Comisión integrada por representantes de los Ministerios de Hacienda y de Planeamiento y Obras Públicas y las mencionadas empresas a fin de abocarse a la problemática planteada”.

El resultado al que llegó esta comisión, luego del reclamo de las empresas, fue “que una de las alternativas sostenidas por la mentada comisión consiste en que el Gobierno afronte el costo de los módulos de contratación de la Policía Federal Argentina” que acompañan a los choferes de las grúas. ¿Del contrato? Ni una sola palabra.

Además, lograron subir el costo del acarreo de 56,70 pesos a 92, mientras que la hora de estacionamiento pasó de 1,30 a 1,60.

La deuda incalculable

Como ya se informó, este medio accedió a un informe de la AGCBA donde, entre otras cuestiones, pone el ojo en las concesiones con las empresas controladoras de los parquímetros y las grúas remolcadoras.

“El equipo de auditoria no tuvo acceso a documentación que avalara la forma de calcular la deuda atrasada que mantenían las concesiones con la ex M.C.B.A. por haber efectuado pagos parciales de canon desde el inicio de los contratos. Tampoco resultó posible obtener antecedentes acerca de la metodología utilizada para la determinación del nuevo canon a abonar por las Empresas BRD S.A. y DAKOTA S.A.”, comienza informando.

Realizado en 2002, el texto arroja críticas más que elocuentes. “El Objeto social de la empresa DAKOTA S.A. no se adecua a los términos requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones Generales, por lo cual se desprende que dicha empresa no reunía los requisitos exigidos para ser adjudicataria de la licitación”, arranca.

Incluso cita el escaso control realizado sobre las liquidaciones que estas empresas deben realizar al gobierno de la ciudad: “Se ha detectado la falta de controles vinculados con aspectos generales de la ejecución de los contratos de las empresas concesionarias del control y sanción del estacionamiento indebido de vehículos, así como también respecto de las liquidaciones presentadas por éstas”. O sea que se podría estar en presencia de un desfalco millonario.

El cálculo de la deuda de estas firmas con el gobierno porteño fue otro punto cuestionado. Luego de aclarar que “La AGCBA no comparte la metodología de cálculo empleada por la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones para la determinación de las deudas”, apunta directo a las cifras.

Allí muestra que mientras para la Dirección de Concesiones la deuda de BRD y Dakota era de poco más de 8 millones de pesos, para la Auditoría la suma era de casi 20 millones: 12 millones de pesos de diferencia. Con sólo pensar que este informe fue realizado en 2002, resultaría incalculable pensar cuanto es, al día de hoy, la deuda de ambas firmas con el Estado.

Los dueños de las calles

STO, la firma de Dakota S.A., posee la concesión para explotar “Avenidas Leandro N. Alem, del Libertador, Pueyrredón y la calle Viamonte” y posee unos 1.750 parquímetros, aproximadamente, según explica su página oficial.

Entre sus principales actividades, destaca “Construcción y operación de playas de estacionamiento en superficie, en elevación y subterráneas, con alto valor agregado; Implementación y operación del estacionamiento tarifado en la vía pública mediante parquímetros, máquinas tickeadoras, parquímetros personales electrónicos y tarjetas; y la implementación y operación de sistemas de control del estacionamiento indebido, incluyendo acciones de inmovilización de vehículos y de remoción con grúas”. Lo que se dice un especialista. Basta con recordar los odiados “cepos” para saber de que hablan.

BRD está en condiciones similares. Afirma en su sitio web que “en 1990 BRD presentó un plan para ordenar el tránsito y el estacionamiento en la ciudad”. ¿El resultado? 3 mil espacios parquimetrazos o tickeados, 1.182 espacios en 14 playas sobre la avenida 9 de Julio, control de infracciones al estacionamiento medido a través de bloqueadores –los ya desaparecidos “cepos”- y el control de infracciones al estacionamiento prohibido a través de grúas con las correspondientes playas de infractores. Lo que equivale a millones de pesos en facturación, si se suman las tasas de acarreo.

Un poco de historia

Casi risueñamente, un fallo judicial intimó, en 2004, al Gobierno porteño a llamar a licitación en 60 días. Con eso, la Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad que regularice la situación del estacionamiento medido en el centro de Buenos Aires, ya que los contratos con las dos empresas que brindan el servicio estaban vencidos.

El fallo, fechado el 29 de diciembre, fue firmado por el juez Osvaldo Otheguy, titular del juzgado Nº 8 contencioso, administrativo y tributario de la Capital. Fue producto de un recurso de amparo presentado por el ex defensor del pueblo porteño Antonio Cartañá.

Entre las excusas que por entonces soltaba la gestión de Aníbal Ibarra es que se demoraban porque estaban analizando la posibilidad de no volver a tercerizar el servicio y dejarlo en manos de AUSA. No pasó ni una cosa, ni la otra.

Una nota de Clarín del 6 de enero de 2004 afirma que “según informó el Ente de la Ciudad en 2002 las empresas recaudaron 6,3 millones de pesos por los parquímetros (que cobran un peso) y más 3,5 millones de pesos por los acarreos. ¿Cuánto será hoy la caja de BRD y Dakota?