La jueza Sandra Arroyo Salgado recibió esta semana una nueva denuncia en la que se acusa a la firma Pelco SA radicada en Tigre de emitir gases contaminantes sin ningún tipo de control.
La denuncia está acompañada por una fotografía certificada por escribano público (ver fotografía que ilustra la nota) en la que se constata que la empresa viola la clausura impuesta por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) y sigue emitiendo gases contaminantes "sin ningún tipo de control".
Pero, además, el denunciante acusa a Pelco -empresa que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos y de alta toxicidad- de realizar vuelcos clandestinos líquidos, tirar residuos peligrosos en forma indiscriminada.
"A esta altura resulta increíble que las autoridades provinciales no puedan, o no quieran detener el proceder delictivo de la empresa denunciada", dice el texto de la denuncia al que LPO pudo acceder.
El denunciante es Ezequiel Facetti y no es la primera vez que avanza judicialmente contra Pelco. La primera vez fue en septiembre de 2014. Según explica en la denuncia, la empresa "viene llevando adelante una variedad de delitos ambientales y el Estado parece no disponer de medios adecuados para detenerlos, ni tampoco ningún interés".
Facetti sostiene que Pelco sigue realizando vuelcos clandestinos de líquidos, tira residuos peligrosos en forma indiscriminada y que sus instalaciones no funcionan en absoluto.
Pero, además, en el texto presentado ante Arroyo Salgado, el denunciante carga contra el director del Opds, Ricardo Pagola, por inclumplimiento de los deberes de funcionario público, "o los delitos que la investigación determine, ya que el impune comportamiento criminal de la empresa no podría llevarse a cabo sin la activa complicidad del organismo del gobierno bonaernese".
LPO se comunicó con voceros del OPDS quienes pidieron unos minutos para elaborar una respuesta. Sin embargo, no volvieron a comunicarse.
El OPDS clausuró la empresa en julio del año pasado cuando se encontró en sus instalaciones diversas anomalías como residuos sin tratar que allí estaban desde el año 2012 y quefiguraban como procesados; depósitos desbordados; residuos no identificados.
Ante la clausura, la empresa intento obtener una medida cautelar que le permita seguir funcionado, la cual fue desestimada por el Juez Luis Arias aduciendo que esa solicitud no podía ser otorgada ante “la gravedad de las imputaciones consignadas en el acta de clausura”.
Según la denuncia que recibió el lunes pasado la jueza Arroyo Salgado, la empresa sigue operando pese a la clausura del Estado.
