La pelea de los taxistas para impedir el uso de la aplicación UBER llegó al Congreso: el diputado cordobés Juan Fernando Brügge, miembro del interbloque de Sergio Massa, presentó un proyecto que impediría su uso.

Los tacheros hicieron un bocinazo ayer en el Congreso para respaldar la iniciativa, que fue girada a cuatro comisiones y si bien aún no fue tratada, representa una amenaza latente para la firma estadounidense.

Es que el debate por la ley para prohibir despidos, impulsado por la oposición y con dictamen en ambas Cámaras, quedó claro que el Gobierno no tiene ningún control del temario del Congreso.

Si bien Uber fue prohibido por el Gobierno porteño y por la justicia, la compañía se atajó en la libertad de contratos entre privados para seguir funcionando.

El proyecto de Brügge garantiza la utilización de aplicación vía web (App) “en condiciones de seguridad jurídica”, pero propone regularlas cuando “tengan incidencia directa en la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros”.

Y en su artículo 4 entierra a Uber, al prohibir aplicaciones “para prestación de cualquier tipo de servicios de transporte de terceros por automotores, que no estén debidamente autorizadas por los órganos de regulación y de control Nacional, Provincial o Municipal para la prestación del público de transporte de personas”.

En principio la restricción sólo regiría para la órbita federal, pero su sanción presionaría a las provincias a tomar medidas similares y plantar postura en un debate mundial sobre la implicancia de la tecnología en el empleo.

El proyecto crea además en el Ministerio de Comunicaciones un "Ente Nacional de Regulación de Aplicaciones vía web con incidencia directa en la prestación de Servicios Públicos de transporte de pasajeros (ENREISP)”, que regulará cada App que pueda molestar a los gremios.

Propone multas de 50 mil a 300 mil pesos diarios, nada que pueda alterar demasiado a las multinacionales como Uber, que demostraron estar dispuestas a dar batalla.