El tres veces presidente y creador del movimiento Justicialista, Juan Domingo Perón sostenía que cuando no se quería enfrentar o resolver un problema había que crear una comisión.

A juzgar por las últimas movidas, Rogelio Frigerio—el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda—parece haber tomado esa consigna para esquivar y dilatar las definiciones que empresarios, intendentes y gobernadores vienen reclamando sobre la continuidad de las obras de infraestructura.

Ante un escenario donde sobresalen la paralización de la mayor parte de los programas estatales, atrasos en los pagos derivados del recorte presupuestario y una pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el sector de construcción; la cartera comandada por Frigerio decidió constituir una nueva comisión destinada a “analizar y articular” las posibles soluciones para los planes de obras públicas y viviendas.

Se trata de la flamante “Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal” que estará integrada por funcionarios del ministerio y representantes del gremio de la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción.

Con esta jugada, el gobierno busca ganar tiempo hasta el segundo semestre del año cuando, según la óptica oficial, comenzarían a llegar los créditos externos para encarar las obras públicas y los proyectos de infraestructura que están en las gateras y no se pueden licitar ahora por falta de recursos.

La nueva comisión—creada por medio de la resolución 102—se dedicará a las siguientes tareas:

--Facilitar la articulación entre los distintos actores del sistema y coordinar el intercambio de información en materia de obra pública y vivienda.

--Analizar y evaluar las dificultades que afectan a la política en materia de obra pública y vivienda a fin de proponer alternativas de abordaje y soluciones.

--Proponer acciones que contribuyan a la reactivación del sector y a mejorar los sistemas de información a fin de trasparentar y agilizar la gestión en materia de obra pública y vivienda.

--Colaborar en la implementación de mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente de las obras públicas.

--Interactuar con las partes vinculadas ante una eventual controversia que pudiera suscitarse en la ejecución de una obra pública federal.

La comisión estará conformada por dos representantes de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la UOCRA y la Cámara de la Construcción.

Además, en caso de que lo considere conveniente, la comisión podrá sumar como nuevos integrantes a “los representantes de otras instituciones del sector público y privado con competencias y/o intereses en materia de obra pública o vivienda”.

El timonel de la comisión será el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, el massista Ricardo Delgado, quien tendrá a cargo la definición de los temas a tratar, la convocatoria a reuniones y la elevación de los informes periódicos al ministro.

Esta es la segunda “comisión evaluadora del sector” que Frigerio y el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain crearon en los últimos 45 días para postergar los pagos de los certificados de obras que dejó sin cancelar el gobierno kirchnerista y los que se acumularon en los primeros meses de la gestión macrista.

A fines de febrero -como informó LPO- se armó la denominada “Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios” de los contratos vigentes.

Dicha comisión –creada por la resolución 20—tiene la misión de analizar y definir las actualizaciones de precios que correspondan aplicar a las obras de los planes de viviendas, escuelas, hospitales, acueductos, proyectos hídricos y los emprendimientos a cargo de AySA.

Según los números que circulan en el sector, las redeterminaciones de precios pendientes de la administración K. representarían para el actual gobierno un desembolso que oscila entre los 8.000 y 10.000 millones de pesos.

Actualmente, ese mecanismo se encuentra frenado por otro hecho externo al sector: la parálisis que afecta al Indec.

Por la ausencia de los índices oficiales, las constructoras no pueden demostrar las variaciones registradas en sus costos específicos que sirven para justificar las redeterminaciones de los precios de las obras.