El macrismo decidió convocar a los legisladores de la oposición a una reunión urgente en Diputados para este lunes por la mañana, para intentar encaminar la sesión por los holdouts tras la resolución del tribunal de los Estados Unidos que dejó en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa. Lo hace para intentar salvar la sesión de este martes, que parecía encauzada y ahora ofrece un escenario completamente incierto.

Según pudo saber LPO, Sergio Massa decidió no participar de la convocatoria, prevista para mañana a las 9 en el despacho de presidencia de la Cámara Baja que ocupa el macrista Emilio Monzó.

Desde el entorno del líder del Frente Renovador hablan de “fastidio” ante las idas y vueltas del oficialismo con este tema. Massa considera que la reunión de mañana es poco seria y pretende una discusión más amplia y fundada sobre los riesgos que abre el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ordenó a Griesa mantener los embargos sobre la Argentina, hasta que analice el acuerdo alcanzado con por el equipo de Prat Gay con los holdouts.

Sergio Massa, fastidiado por las idas y vueltas del oficialismo, ordenó a sus diputados no ir a la reunión que convocó Monzó para este lunes a la mañana.

Massa sin embargo está dispuesto a ir al recinto si se mantiene la sesión el martes, pero no quiere anticipar si votará o rechazará el acuerdo con los buitres.

En tanto, Diego Bossio que lidera el bloque justicialista de una veintena de diputados, estará mañana en la reunión convocada por Monzó. Desde su entorno aseguraron a LPO que el ex titular de la Anses planteará suspender la fecha del 14 de abril fijada por Griesa para concretar el pago y avanzar solo con la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.

Bossio exigirá esperar hasta que la Cámara de Apelaciones confirme el acuerdo celebrado por la Argentina y ratificado por Griesa. "No podemos votar un acuerdo que no sabemos si después la Cámara de Apelaciones lo deja sin efecto o lo traba", explicaron las fuentes.

Tanto en el bloque de Bossio como en el de Massa, consideran grave y bastante improvisado que si se llegó a un acuerdo con los fondos buitres para pagarle la fortuna de 10 mil millones de dólares, no se haya acordado también que levanten las apelaciones, como la que este viernes concedió la Cámara de Nueva York. "Está todo en el aire", agregó la fuente consultada.

"Queremos informarles que esto no es un tema grave, sino un tema procesal. Queremos seguir adelante con la estrategia", intentó traquilizar hoy el presidente de la comisión de Finanzas, el macrista Eduardo Amadeo.

La presión del Gobierno 

Ante este nuevo escenario, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, insistió anoche en la importancia de que se apruebe el acuerdo porque si no el gobierno estaría "forzado a hacer un ajuste fiscal tremendo".

"Si no se aprueba sería muy complejo, realmente", advirtió el ministro en el programa de Mirtha Legrand y advirtió que si no hay acuerdo "no vendría una hiperinflación porque no lo permitiríamos", pero sí estarían "forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo".

En esta línea, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió hoy a los mandatarios provinciales y las fuerzas políticas que acompañen el acuerdo entre el Gobierno y los fondos buitre para "poder poner en orden las cuentas".

"Acá no se trata de aprobar una ley al gobierno nacional, ni a Mauricio Macri, ni al ministro (Prat-Gay). Se trata de poner en orden las cuentas, porque cada crédito es puentes, escuelas, hospitales", agregó Vidal.

El ex ministro Axel Kicillof lidera la oposición kirchnerista al acuerdo con los holdouts.

Sin embargo, esta situación abona los argumentos de los sectores más duros al acuerdo, como el kirchnerismo, que vienen denunciando que en el acuerdo alcanzado no está garantizado que no haya nuevas demandas. Incluso, reclaman que aparezca de una vez el dictámen del procurador del Tesoro, Carlos Balbin, aprobando el acuerdo.

El diario La Nación reveló hoy que Balbín -un radical muy riguroso- estaría demorando ese paso administrativo clave, porque se niega a dejar por escrito que no habrá nuevos juicios y a los sumo transigiría en poner que la probabilidad de que esto ocurra es baja.